«Se definió un modelo mixto de financiación de la política, con el propósito de asegurar condiciones mínimas para la competencia electoral.» Lorenzo Córdova 

Por Eliel Morales 

En días recientes hemos escuchado sobre si los partidos políticos deberían renunciar al financiamiento público para destinarlo como apoyo a todos los afectados del terremoto que sacudió la Ciudad de México, Puebla y Morelos el pasado 19 de septiembre.

Hemos visto que la  autoridad electoral ha hecho declaraciones sobre el posible camino para la viabilidad de la propuesta y asimismo, que los presidentes de los partidos consideran el tema, analizan llevarlo a sus respectivos congresos y lo toman como bandera para la eliminación total del financiamiento público hacia los partidos políticos.

Sin embargo, un tema tan delicado como sentar el precedente de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos no es un tema que deba tratarse a la ligera y sin una reflexión a fondo, pues a la larga nos podría ocasionar más problemas de los que actualmente enfrentamos.

Para poder abordar lo anterior, debo dejar en claro, que si bien, nos enfrentamos a una situación excepcional derivada del terremoto que ocurrió el 19 de septiembre de este año y que  es deseable exista una forma extraordinaria en la cual los partidos políticos puedan renunciar al financiamiento público de las próximas elecciones y este financiamiento sea retomado y canalizado para el apoyo a los damnificados, lo cierto es que el proceso no se concretaría de manera inmediata que es lo que se busca en estos momentos, pues las personas necesitan la ayuda ahora y no después.

Ahora bien, es necesario recordar que la autoridad electoral no está facultada para no asignar o disminuir el porcentaje que les corresponde a los partidos políticos, por lo cual esta no podría propiamente quitarles los recursos a los partidos, ya que por mandato constitucional el artículo 41 base II, en consonancia con la Ley General de Partidos Políticos en su numeral 51, establecen de manera muy clara la fórmula de cómo se obtendrá el financiamiento público anual para los partidos políticos y hace una división de tres segmentos a donde este debe destinarse: el primer rubro destinado para actividades ordinarias permanentes, que incluye: actividades, estructura, sueldo y salarios; el segundo, referente a las actividades tendientes a la obtención del voto, siendo estas en concreto: los gastos de campañas y; en tercer lugar, para el gasto de actividades específicas siendo estas, las relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política.

Asimismo, la propuesta que se ha planteado a futuro tiene que ver con la reducción o eliminación total para el financiamiento público, dado que existe el argumento y válidamente justificado, de que los partidos políticos derrochan dinero innecesariamente y son una carga muy grande para el pueblo mexicano, pudiendo ocuparse el dinero que se destina para estos, en otros rubros del presupuesto que son necesarios atender.

Si bien, a primera vista, es una posible solución, pues disminuiría la carga al presupuesto de la federación, si lo analizamos a fondo podremos vislumbrar que la erradicación del financiamiento público en su totalidad no puede más que traer problemas graves mayores a los que existen hoy en día, ya que aunque se abarataría la democracia por decirlo de algún modo, podría ocasionar que los partidos políticos empiecen a buscar la manera de recibir recursos, optando por recibir financiamiento incluso de fuentes dudosas que pudieran llegar a ser ilícitas, o en su defecto al verse en la necesidad de financiarse, podrían recurrir al sector empresarial, estando a merced o capricho de los mismos para su beneficio, por lo cual se caería en un supuesto de tener partidos y/o candidatos que solo respondan a los intereses de los sectores con una economía alta que estén dispuestos a financiarlos y evidentemente a buscar cobrar esos favores llevando agua para su molino.

Es por todo lo anterior, que a consideración propia la solución no está en eliminar radicalmente el financiamiento público de los partidos políticos, sino más bien, en estudiar el mecanismo adecuado para disminuir la fórmula electoral para el presupuesto que se le asigna a cada uno de los partidos políticos, de tal manera, que siga existiendo el financiamiento público de manera más ajustada y racionalizada; en segundo lugar, valorar el poder reducir las curules plurinominales; y en tercer lugar, reformar las reglas para el financiamiento privado de tal manera que se reduzcan las restricciones en cuanto a montos, siempre y cuando, estos solamente provengan de los sujetos aprobados para ello conforme lo establece la ley y claro está, esto no se podrá realizar para las elecciones del 2018, pues el presupuesto de las mismas ya ha sido aprobado, aunado que, para reformar nuestras leyes y nuestra constitución hay un tiempo establecido y evidentemente este no es una vez que se han declarado formalmente iniciados los procesos electorales del año que viene.

@Eliel_jms