Por Óscar Cuevas

La debilidad inherente al ser humano fue cubierta poco a poco con tecnología y herramientas. Las sociedades se trasforman, casi siempre, como resultado de las técnicas y las ciencias que las impulsan. El posmodernismo está marcado por un deseo febril por la innovación y la creatividad. Como tal, ha impulsado el diseño de sus caballos de fuerza.

En una sociedad que enaltece el egoísmo, el consumismo y rechaza con fiereza la caducidad y el envejecimiento, valores como la paciencia y la experiencia se han ido al carajo. Facebook, Twitter, Instagram y el Internet se han instaurado en nuestras sociedades posmo como las nuevas maneras de comunicación. Son plataformas que raras veces logran comunicar.

Las redes sociales le han dado en la madre a las viejas técnicas de comunicación, Netflix va ganando la batalla a las televisoras nacionales y los periódicos siguen sobreviviendo a costa de lectores que prefieren el roce y el olor del papel. En el campo de la comunicación política, las redes sociales abrieron las puertas a los funcionarios públicos, gobiernos, partidos políticos y legisladores a un nuevo mundo de posibilidades.

Desde su aparición, los politiqueros han querido suprimir el potencial divulgador de tales medios de información posmodernos. En lugar de crear un verdadero intercambio con sus gobernados a través de aplicaciones como whatsapp y twitter, se han dado a la tarea de conseguir «seguidores» y pagar campañas carísimas por replicar un mensaje que  a nadie le importa.

En este sentido, las máquinas y las técnicas no solamente posibilitan nuevas maneras de producir bienes y valores; su aportación más importante está en cómo reformulan el espíritu cultural de su época. Desde el monasterio y el reloj hasta las computadoras y las redes sociales, los medios de comunicación como la manera en cómo circulan los mensajes ha tenido una transformación constante.

Para muestra un botón, el concepto de Gobierno 3.0 comenzó a ganar muchísimo auge entre los funcionarios públicos de distintos niveles. Según la OCDE, el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), particularmente la Internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno. Sin embargo, este supuesto es erróneo, ya que, por lo menos en el caso de México, más de la mitad de la población no tiene acceso a internet, al menos, no de manera gratuita; lo que se opone completamente a la noción de universalidad que pretende tener este supuesto derecho.

Uno de los principales problemas históricos de las distintas técnicas es que crean una brecha entre quienes saben utilizarla y quienes no. La era digital ha creado nuevos analfabetas. Todos somos testigos de cómo estas nuevas plataformas se le dificultan enormemente a las personas adultas mayores y los gobiernos no se han dado a la tarea de facilitar no solamente el acceso, sino también el uso de estas nuevas redes sociodigitales.

Algunas naciones, como México, se han subido a la ola digital sin haber solucionado problemas antiquísimos, como lo son la equitativa repartición de los recursos, el desempleo o la cobertura total en todos los niveles educativos. Esto genera que, quienes luchan apenas por poder asistir a las escuelas tengan que enfrentar además una barrera tecnológica.

El clasismo digital es pues, una nueva manera de proyectar el narcisimo posmoderno. Y los servidores públicos mexicanos han tomado sus vidas de privilegio basadas en la corrupción y la opacidad como una narrativa que buscan impulsar en redes sociales. Tanto consultores políticos como candidatos «presumen» su trabajo en diversas plataformas con una especie de hedor heroico. Casualmente, inflaman sus egos con lo que deberían ser resultados naturales de la gestión pública por la cual devengan un salario.

En lugar de comunicar de manera proactiva a la ciudadanía en qué carajos se gastan los presupuestos, la mayor parte de los portales y cuentas de funcionarios públicos enfocan sus esfuerzos comunicativos en mostrar lo que ya se conoce. Un estudio realizado por Yanina Welp (2011) de la información que vierten los parlamentos latinoamericanos de 17 países en sus portales, permitió llegar a la conclusión de que «la información disponible con más frecuencia remite a las listas de comisiones y sus miembros, los archivos de la legislación pasada y la legislación pendiente o en curso.

Por el contrario, la información que se encuentra con menor frecuencia es la que se refiere al presupuesto, los salarios y, en particular, la declaración patrimonial de los representantes.» (2017: 18) La interpretación de este importante hallazgo es clara: los mirreyes latinoamericanos siguen queriendo ocultar el origen de sus fortunas. No es raro entonces que de pronto nos enteremos que la presidente del Partido de la Revolución Democrática tenga un carísimo departamento que sus salarios no le permitirían cubrir, o que el presidente de Acción Nacional tiene inscritos a sus hijos en escuelas carísimas en los Estados Unidos (haciendo caso omiso a los discursos de odio vociferados por Trump).

Otra de las conclusiones de tal análisis se centra en el día a día de los legisladores, mientras que se puede acceder a la información sobre los procesos legislativos, no se cuenta, en la mayoría de los casos, con información exhaustiva «relacionada con el control de los representantes, en particular la referente a la asistencia a la cámara, al voto individual y la declaración patrimonial». (2017: 20)

Es decir, la información de los sitios web de los parlamentos no permitiría a un «ciudadano de a pie» comprender ni el proceso legislativo ni conocer si es que el legislador o la legisladora que lo «representa» cumple realmente con sus propuestas de campaña y si es o no afín a la ideología que defendió durante la misma. El Gobierno 3.0 no ha logrado todavía establecer una comunicación abierta, ni promover la participación de la ciudadanía en los proyectos de gobierno sino ha convertido a las redes sociales en otro espacio en el que los hablantes son solamente ellos.

Para que la noción de Gobierno 3.0 tenga buenos resultados en México es necesario transformar la cultura política desde el gobierno, renunciar a disvalores tan arraigados como la corrupción y la opacidad; e impulsar, al mismo tiempo, desde la ciudadanía valores contrademocráticos fundamentales, como la participación, la vigilancia y el castigo por medio del voto y sobre todo, frenar de una vez por todas el abuso sistemático de quienes detentan cargos públicos de la ignorancia y pasividad de la ciudadanía.

Usuarios de redes sociales del mundo, uníos.

@CuevasO33

Fuente:

• Welp, Yanina. (2011) Latinoamérica conectada. Apuntes sobre el desarrollo de la democracia electrónica en Voto electrónico y democracia directa. Los nuevos rostros de la política en América Latina. pp. 13-32. Nicolás Loza (coomp.) México. FLACSO México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.