Por Óscar Cuevas

Hasta el momento, no se ha logrado una transformación en la administración pública puesto que se ha enfocado el análisis en la práctica, la eficiencia, la rapidez en los trámites, pero la cultura política de indiferencia, clientelismo, de establecimiento de dádivas, y de empleo ad vitem, siguen siendo las mismas. ¿Qué necesitamos para transformar la política que se hace en México?

La reforma a la función pública, servicio civil de carrera o profesionalización, no se realizó en los tres últimos gobiernos neoliberales por los obstáculos reales tanto de la élite burocrática como de los líderes sindicales y sus corporaciones[1]. Nuevamente, la participación de los ciudadanos a partir de mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas resulta fundamental para que la administración pública deje de ser el lugar en el que se coloca al “equipo de campaña” o a “personas cercanas al candidato”; para que en su lugar ocupen las plazas ciudadanos preparados en el quehacer administrativo y gubernamental.

Así pues, es necesario replantear el orden del gobierno, tomando en cuenta la participación de los ciudadanos en las instituciones, ya que los objetivos de la vida asociada no pueden responder solamente a ciertos grupos económicos, ni tampoco pueden éstos decidir e implementar los mecanismos decisorios sin tomar en cuenta a los otros actores políticos.

En la Ciudad de México, hace falta crear nuevas formas de consulta, negociación y asociación entre gobierno, ciudadanos, empresas privadas, organizaciones sociales; así como la creación de verdaderos centros de pensamiento, que se den a la tarea de encontrar nuevas problemáticas sociales. De esta manera, el sistema gubernamental nacional dejará de ser reactivo, para poder anticipar los posibles centros de tensión y realizar planes de prevención a tales circunstancias.

Es fundamental que la Constitución Política de la Ciudad de México construya un mecanismo que promueva la participación de los ciudadanos y las ciudadanas capacitadas para ocupar una plaza dentro del servicio público. Al no existir mecanismos como el servicio civil de carrera basado en resultados, las compensaciones al buen actuar político no siempre están dirigidas a la realización honesta del buen gobierno, sino más bien son vistas como un pago de favores dentro de la élite política.

De aquí que sea necesaria la creación de instituciones que se encuentren fuera de la esfera de gobierno y que sean manejadas especialmente por ciudadanos que no tengan ninguna afiliación ni roce con las élites políticas del país. Sin embargo, para poder realizar esto, es primero imperante la construcción de un marco legal que proteja al ciudadano vigilante.

Aquí es donde debieran aparecer las nociones de desarrollo del personal administrativo, la responsabilidad laboral, la desvinculación de las organizaciones gubernamentales de los partidos políticos y de la figura presidencial, las relaciones humanas como el principal medio para alcanzar una adecuada interrelación entre ciudadanos y el gobierno.

Otro mecanismo que debe implementarse realmente, es la obtención del presupuesto basado siempre en el funcionamiento de las secretarías. De la misma manera, el otorgamiento del presupuesto puede subir, mas no reducirse, ya que esto ha provocado que las dependencias tengan gastos innecesarios paran o ver afectado el monto a recibir en la siguiente administración.

Podemos decir que en cuanto al papel de la administración pública a nivel local, el caso mexicano presenta un atraso en la innovación por parte del gobierno para eficientar, a través de normas legales, la interrelación entre los diversos sistemas de gobierno y los ciudadanos. México necesita urgentemente institucionalizar la participación ciudadana en los diversos niveles de gobierno, tomando en cuenta la interrelación que este necesita con las organizaciones privadas y civiles.

Podemos afirmar, junto con Aguilar que crucial es la voluntad  de no aceptar que la política se vuelva solo un hecho de poder o de conveniencia, insubordinado a las exigencias de la razón valorativa y empírica e indiferente a las aspiraciones de una vida social segura, próspera, y justa. Se trata de un análisis comprometido con valores humanistas y cívicos.[2]

El gobierno y la administración pública se han presentado históricamente como la institución y la herramienta de ala cooptación y la negociación política de los destinos de México. El marco legal, como se mencionó anteriormente, se ha tergiversado con la intención de beneficiar a algunos pocos. En este contexto, el ciudadano ha preferido recurrir a instituciones no gubernamentales para hacer que se escuche su voz.

Sin embargo, a pesar de la interrelación que supuestamente existe entre dichas organizaciones y el gobierno mexicano; el segundo sigue gozando de la última palabra, y en muchas ocasiones no se escucha  a los organismo ni a los movimientos independientes que no cuentan con el suficiente capital político ni con los mecanismos necesarios para transformar el destino de las políticas y programas públicos.

Así pues, es necesaria una revolución cultural en el terreno político, que acostumbre a los ciudadanos a participar en la política no solamente cada seis años ni exclusivamente en el terreno electoral. Resulta de vital importancia que los constituyentes se adelanten a la norma, y plasmen este cambio cultural en la Constitución.

Para el correcto funcionamiento del régimen democrático es impostergable la implementación de nuevos mecanismos de participación que aseguren, mediante una distribución ordenada y justa del poder, la validación de la opinión de las verdaderas minorías.

[1] Cadena Inostroza, Cecilia. Administración pública y procesos políticos en México. Editorial Porrúa. D.F. México. 2003. P. 292

[2] Aguilar Villanueva, Luis. Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica. México. D. F. 2007 P. 31