Por Óscar Cuevas
“Violence shapes governance systems because it affects the distribution of economic,
social and political power among social groups”
Patricia Justino
Recorríamos la ciudad lentamente. Esperábamos el llamado y las instrucciones para llegar al lugar al que nos enviaban. La mayor parte de las veces llegábamos con armas de menor calibre. Me enlisté en el ejército porque pensé en mejorar el país. Creí las pendejadas que te venden películas como Rambo o Pelotón. Pero estando ahí abrí los ojos.
Una vez recorríamos un lugar en Tijuana. El casco no me dejaba ver y el sol se reflejaba en mi cara. Alcancé a escuchar un aviso: ¡Ahí vienen los guachos! Cuando llegamos, bajamos rápidamente de la van, entramos a un corredor jodido. Las calles estaban desiertas, se escuchaba en tronido del aire mientras avanzábamos lentamente. De pronto, recuerdo una figura pequeña, un niño comenzó a disparar la metralleta. Me quedé parado. Los disparos salieron al aire. No pude reaccionar, si mi pana no le hubiera disparado estaríamos muertos, no te estaría contando esto.
X toma un sorbo de la Coca-cola, acomoda su gorra y prosigue con otra anécdota. Los llevábamos detrás de los cerros, cortábamos los nopales y con eso les pegábamos hasta que nos decían lo que queríamos escuchar. Cuando te enlistas no piensas en estas chingaderas. Es difícil decirlo, pero en una guerra como en la que estamos en México no puedes confiar en ningún civil. Llegas a lugares en donde la gente fue comprada por el narco. Tú eres el malo, el que les va a quitar el dinero. A la gente le vale madres si es legal o no mientras puedan tragar.
Siguió contándome cosas una media hora más. El común denominador: arrepentimiento, sangre y muertes estúpidas. Narrativas todas de la guerra contra el narco que inició con Calderón pero que se fue moldeando mucho tiempo atrás, cuando la educación privilegió el negocio, cuando se vendieron las tierras y los campos, cuando se comenzó a urbanizar México sin tomar en cuenta a aquéllos que se dejarían atrás en el proceso.
Así, como ahora, cuando aquellas personas adultas mayores reciben una pensión pusilánime después de dedicar su vida al trabajo, mientras los expresidentes y funcionarios de alto rango reciben millonarias pensiones para seguir pagando su banal y fútil estilo de vida que les ha impuesto alguna editorial europea o norteamericana.
La Ley de Seguridad Interior no es más que un reflejo de un Estado que nunca se ha preocupado por tomar en cuenta a la ciudadanía. Un Estado Fallido, como lo es el México actual, el de los feminicidios, el de la tortura, el de los asesinatos al por mayor que se maquillan con cifras y numerologías fantasmagóricas para legitimar una lucha contra el narcotráfico que va perdiendo el gobierno.
Un estado que no protege a los periodistas asesinados, que permite que las cárceles se conviertan en una especie de extensión del territorio que el narco les ha quitado a las familias mexicanas. Un estado que no hace nada ante las balaceras cerca de las escuelas públicas o privadas. El actual gobierno priísta ha regresado a sus viejas prácticas: gobernadores que cambian vacunas contra el cáncer por agua para enriquecer sus bolsillos, que amañan negociaciones con constructoras para construir casas que se desploman en un sismo, alcaldes que asesinan estudiantes que se atreven a cuestionar su honorabilidad.
Vivimos tiempos complicadísimos que el gobierno busca ocultar por todos los medios. La transparencia y la rendición de cuentas convienen solamente para legitimar decisiones gubernamentales, no para buscar paliar o resolver graves problemáticas sociales. Estamos ante un gobierno ineficaz, que no toma en cuenta las necesidades de la población. Un gobierno narcisista mitómano, que piensa que pidiendo perdón se resolverán las cosas.
Un gobierno mirrey, estúpido y enriquecido, que es incapaz de sentir empatía hacia sus gobernados. La Ley de Seguridad Interior es un reflejo de cómo conciben a los ciudadanos: carne de cañón para enriquecer sus bolsillos y legitimarse internacionalmente. La guerra contra el narco, por lo menos en México, no ha logrado conceptualizarse correctamente, y como resultado de esta falla teórica tenemos políticas de seguridad pública cortoplacistas, responsivas e ineficaces.
Los conflictos armados, pueden definirse según el World Development Report (WDR), 2011; como el resultado de una falla en el sistema institucional. Dicha falencia puede deberse a tres principales motivos: el poder no constreñido de individuos, grupos o gobiernos; acuerdos fallidos entre los participantes dentro de un proceso de negociación; o la exclusión de actores o grupos relevantes durante el proceso de negociación.
La probabilidad de reducir un conflicto armando, de acuerdo con el WDR, guarda estrecha relación con la creación de cuatro tipos de instituciones: 1. Instituciones que disuadan y sancionen e incrementen el costo de ejercer la violencia como mecanismos de solución de conflictos, 2. Instituciones que compartan y dividan el ejercicio del poder que incrementen el beneficio de la seguridad, difuminado a lo largo y ancho del cuerpo social, que mejoren la cooperación social; 3.Instituciones redistributivas que mejoren el contrato social y; 4. Instituciones de resolución de conflictos (formales o informales) que reduzcan los incentivos para usar la violencia para proteger los derechos de propiedad.
En México, no solamente se ha negado el derecho de audiencia a las víctimas del narcotráfico sino también se han engrosado las filas de la milicia y policías a nivel nacional para cometer uno de los principales errores de la guerra contra el narco: combatir balas con balas. Además de ser una legislación sumamente imprecisa y vaga, varias voces autorizadas en el tema se han sumado para advertir sobre los peligros que dicha iniciativa representa.
Uno de los puntos más álgidos tiene qué ver con la potestad que tendría el ejército para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, además de manejar la información que pueda recopilar como Secreto de Estado. Situación que, en México, ya ha ocasionado asesinatos y torturas contra grupos opositores.
Recordemos el 68, Aguas Blancas, el asesinato de Lucio Cabañas o el encarcelamiento del Doctor Mireles. En una sociedad como la mexicana en donde el estado de derecho se pone al servicio de la clase gobernante, una ley como la de Seguridad Interior es peligrosísima. Ante un sistema judicial corrupto y un aparato militar acostumbrado a salir impune de las recurrentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, dicha iniciativa es más un intento de censura que una ley para proteger a los ciudadanos de “amenazas internas”.
Exrelatores de las Naciones Unidas lo dijeron con claridad en un comunicado que retomó la revista Proceso: “Constatamos cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”[1].
Otro de los puntos que no tiene cabida en una sociedad que reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos es la posibilidad de la suspensión de los mismos, especialmente cuando la ley no establece de manera clara y sustantiva en qué circunstancias dicha suspensión se llevaría a cabo, solamente se refiere al artículo 29 de la Constitución.
La Ley de Seguridad Interior es otro intento para callar las voces disidentes. No es una normativa que permita terminar con el narcotráfico. Mientras se sigan haciendo leyes reactivas y no se trace una política pública integral que detecte el origen del narco, cuáles son las condiciones que lo provocan y sobre todo, no se castigue debidamente a los criminales, los ciudadanos seguiremos pagando las consecuencias de unos legisladores miopes e imbéciles.
Me adhiero a la opinión del grupo de expertos y expertas de la ONU, quien en su comunicado de prensa del día de hoy[2], al señalar que “resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”
@CuevasO33
Fuentes
http://www.researchcatalogue.esrc.ac.uk/grants/RES-167-25-0481/read/keyfindings
http://www.animalpolitico.com/2017/12/ley-seguridad-interior-mexico-riesgo/
[1] http://www.animalpolitico.com/2017/12/ley-seguridad-interior-mexico-riesgo/ Consultado el 10 de diciembre de 2018
[2] https://cronicadesociales.org/2017/12/14/comunicado-de-prensa-mexico-proyecto-de-ley-de-seguridad-interior-supone-riesgo-para-los-dh-y-debe-ser-rechazado-advierten-expertos-de-la-onu/ Consultado el 14 de diciembre de 2018
ORBITA POLÍTICA CONSULTORÍA INTEGRAL 
Un comentario en “¡Ahí vienen los guachos!”