Por Óscar Cuevas

En 2017 y 2018 tendremos elecciones en México, acá la primera entrega de varias sobre algo que parece ser histórico y ontológico: la corrupción en las elecciones mexicanas.

El Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su Metodología para la Observación de Medios de Comunicación en Elecciones, página 1, señala que éstas son democráticas cuando cumplen cuatro condiciones fundamentales.

“Deben ser inclusivas, es decir, todos los ciudadanos deben estar efectivamente capacitados para ejercer su derecho al voto en el proceso electoral. En segundo lugar, las elecciones deben ser limpias, o en otras palabras las preferencias de los votantes deben respetarse y registrarse fidedignamente. En tercer lugar, las elecciones deber ser competitivas, es decir, que se debe brindar al electorado opciones imparciales entre las alternativas. Por último, los principales cargos públicos deben obtenerse mediante elecciones periódicas, y los resultados expresados por los ciudadanos mediante el sufragio deben ser irreversibles.”

Según la OEA, existe equidad electoral cuando se presenta una cobertura balanceada en los medios masivos de comunicación, que posibilita a los candidatos expresar sus plataformas políticas, defender sus propuestas y presentar sus campañas electorales sin que exista un sesgo en la descripción de la información.

Bajo la definición anterior, la OEA ha creado algunos parámetros para determinar si existe o no equidad electoral dentro de los medios de comunicación; como son las atribuciones de la autoridad electoral, las condiciones de competencia electoral, el gasto, el comportamiento de los medios de comunicación y la libertad existente en los medios del país en cuestión.

Si comenzamos por la cobertura balanceada, resulta evidente que en México no se cumple este parámetro. Para muestra, la siguiente taba construida por la UNAM, en su monitoreo realizado a los medios del 10 de enero al 18 de febrero del año pasado. Mientras los candidatos o aspirantes independientes tienen un porcentaje del 0.8%, de exposición en televisión y un 1.13% en radio; el PRD cuenta en televisión con el 16.37 y 26.11 % en radio.

El acceso a los medios de comunicación no es equitativo para todos los participantes de la contienda. Esto sin considerar los espacios que se compran en los diferentes espacios publicitarios que son ofrecidos por los distintos medios de comunicación.

El financiamiento público incide de manera negativa en la contienda. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió $ 306, 726, 482.66 pesos; partidos de reciente creación, como el Humanista pudieron echar mano de $ 23, 457, 274.82 pesos. Es decir, el PRI recibió $ 283, 269, 207.84 pesos más que cada uno de los benjamines.

Si por un lado, los intereses mediáticos promueven que exista una mayor cobertura de los partidos “grandes” en detrimento de la “chiquillada”; y por el otro, el mismo financiamiento público otorga cantidades tan dispares; ¿podemos afirmar que en México existe equidad durante las contiendas?

Otro de los factores que no ayuda al modelo de comunicación política en México son los formatos. La inmediatez mediática ha provocado que todos los candidatos utilicen sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram o Periscope para diseñar una imagen de cercanía con sus ciudadanos a partir de la cotidianidad.

En lugar de demostrar, por medio de resultados dentro de las gestiones que el actuar gubernamental ha respondido eficazmente a las demandas ciudadanas; prefieren, como Ricardo Anaya, subir a su perfil fotografías en las que aparece jugando con sus hijos.

Es importantísimo crear un modelo de comunicación política que tome en cuenta las necesidades de los ciudadanos, respete el principio de legitimidad y centre su atención en el debate razonado y profundo de las propuestas políticas, para analizar, junto con la ciudadanía, si los proyectos son aplicables o solamente promesas imposibles de cumplir.

@CuevasO33