Por: Mónica Alejandra Espinosa González.

“Que un fenómeno sea visible para la población, no necesariamente

refleja su visibilidad en las políticas públicas.”

-María Esther Cervantes, Investigadora.

El pasado 19 de marzo de 2021, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México a través del canciller Marcelo Ebrard, anuncio el cierre de fronteras norte y sur durante un mes, con la finalidad de evitar un repunte en las cifras de contagio por COVID-19. Este acuerdo multilateral entre México, USA, Guatemala y Belice “promete” no ser un cierre severo y permanente, así como se dijo que no dañaría el comercio en las fronteras.

Ahora bien, el contexto social de la toma de decisión del cierre de frontera terrestre sucede a la par con la donación de vacunas de Estados Unidos a México, el probable incremento de migrantes y caravanas de centro América que buscan llegar a territorio estadounidense como consecuencia de la renovación de las políticas migratorias de Biden, así como el incremento de menores migrantes sin compañía, las vacaciones de Semana Santa donde se prevé un repunte nuevo de contagios y el periodo de elecciones en el territorio nacional. Ante este panorama, se ve la posibilidad de que la decisión de la SRE del cierre de fronteras, tiene más elementos que simplemente evitar contagios posteriores a la campaña de vacunación.

Más allá de la lucha contra la xenofobia, la protección de derechos humanos de los migrantes, el delicado equilibrio entre los acuerdos diplomáticos de México y la pandemia, la realidad es que los temas migratorios son complejos y delicados, no se puede tomar solo una arista y decidir si se permite o no el acceso al país. Durante años se ha buscado desarrollar el concepto de “migración responsable”, concepto que vemos referido en el tratado de Marrakech, sin embargo, a veces se utilizan los términos bajo condiciones comunes, en realidades determinadas como “normales”, que, a consecuencia de ello, cuando las condiciones ya no son tan normales, una cascada de incógnitas fluye al punto de que lo que se busca primordialmente, es la subsistencia del estado de Derecho y que la autodeterminación con la que se ostenta la nación sea la justificación en la toma de decisiones.

La primera justificante por el cierre de fronteras parcial, es evitar una ola de contagios de COVID-19, por lo que, queda prohibido el turismo, turismo comercial, sanitario, migración irregular o cualquiera que no sea por fines laborales o de tránsito comercial como los contenedores y tráileres. Si bien esta medida es algo tardía y el gobierno de México fue muy criticado por no cerrar sus fronteras al inicio de la pandemia, la realidad es que tampoco está mal que el cierre parcial se realice a estas alturas, sobre todo cuando se ha implementado una campaña de vacunación a adultos mayores, personal médico y próximamente docentes de ciertos Estados.

En cuanto a las justificaciones políticas que podemos apreciar son tres; el acuerdo de préstamo de vacunas de parte de Estados Unidos y Canadá a México, la política migratoria más garantista de Biden, donde da prioridad a menores migrantes no acompañados y las elecciones federales y gubernaturas en México. El primer punto, aunque se pensara que no tiene relación con el cierre de fronteras y se puede referir a un acuerdo diplomático amigable (lo cual, también es), pero en ocasiones este tipo de acuerdos requieren un apoyo adicional, es decir, nadie da nada sin haber algo de por medio. Sería atrevido y poco profesional decir que esto va directamente ligado a la toma de decisiones fronterizas, pero pudieras ser un factor indirecto, ya que no tendría caso que Estados Unidos y Canadá apoyen si México no va a implementar medidas para que las vacunas sean un mecanismo de control de la pandemia y aun así permita entrar deliberadamente personas que pueden poner en riesgo el bienestar de los 3 países del norte.

Lo que nos lleva a la política de Biden, la cual ha sonado muy atractiva para los nuevos migrantes que quieren llegar al vecino del norte. Con ello se ha visto un incremento en los índices de menores solos que han decidido ir a Estados Unidos en busca de oportunidades para sus familias, por lo que si bien, las políticas migratorias de Biden, contrarias a las políticas de Trump, buscan salvaguardar la integridad de los extranjeros en busca de asilo, refugio o llegar de manera ilegal, está provocando que un flujo de latinoamericanos provenientes de Centroamérica, quiera realizar el pesado viaje por México, exponiéndose a situaciones de trata de personas, tráfico y exponiéndose a contagios por la precariedad de las condiciones y medios que buscan para llevar al norte del continente.

Por último, las diversas elecciones que se llevaran a cabo en este 2021 fundarán sus propuestas en temas vigentes como la salud, reactivación comercial y laboral a causa del COVID-19, migración, violencia de género y reconocimiento trans, bajo un contexto aún incierto y donde la prioridad para el desarrollo de campañas es evitar más contagios y redoblar esfuerzos para que la vacuna sea la solución a la reactivación económica y laboral. Si bien los movimientos migratorios no se detienen y así como los existe hoy, existirán en un mes, tres años y siempre, existe la probabilidad de que el cierre parcial de fronteras se alargue más allá de los 30 días por este tipo de cuestiones mencionadas anteriormente y por procurar enfocarse en un periodo de elecciones importantes.

Al final de estos supuestos, la realidad es que se debe ser consciente de que el tema migratorio ha sido abordado de manera tajante desde que inicio la pandemia en 2020, las medidas, políticas y la gobernanza internacional de las migraciones han sido ignoradas por querer que prevalezca el bienestar ante el COVID-19, se han tomado decisiones con la excusa de la pandemia, sin embargo, es cierto que tampoco podemos ignorar que la magnitud de lo que ocurre actualmente es menor, es momento de que estos temas se aborden con el temple necesario para ir dando soluciones eficaces en virtud de que aún faltan algunos años para que la pandemia termine.

La decisión de la SRE es sanitaria con un contexto político complejo, por lo que pudiera ser el primer paso de México para adoptar medidas un poco más estructuradas, contundentes y a largo plazo que pudiesen irse puliendo para garantizar tanto una eficacia como buscar seguir garantizando la mayor protección de derechos humanos de los migrantes.