Pegasus:pináculo de la censura en México

Por Óscar Cuevas

El panóptico de Foucault y el Gran Hermano de Orwell han tomado forma de red digital. Por medio de mecanismos como la geolocalización, redes sociales como Facebook, son capaces de saber dónde estamos, con quién, cuándo y por qué. Gracias a los hábitos de consumo que registramos en internet, compañías como Google ofrecen servicios a las empresas para poder “llegar a tus clientes potenciales” por medio de un algoritmo que cruza nuestro historial de sitios visitados con nuestros intereses mostrados en las redes sociales.

Así, las compañías puedes saber qué es de nuestro interés. Lo que puede ser una nueva manera de simplificar la vida de los consumidores pone en evidencia lo fácil que se está perdiendo la línea entre lo público y lo privado: usuarios que colocan las fotos de su más reciente lunch, desnudos parciales, sus más recientes enojos e inclusive, sus decepciones amorosas más vergonzosas; vistas al mismo tiempo por miles de personas en la red.

Lo privado ha ido perdiendo espacio ante lo público. El debate del caso Pegasus se centra en la invasión del pequeño espacio privado dentro de la esfera pública. Es decir, el consentimiento que da el usuario a que los demás tengan acceso a ciertos episodios de su vida que desean exponer. En un país como México, en donde los feminicidios, los asesinatos, los secuestros exprés y los casos de acoso van en aumento sexenio tras sexenio; cabe preguntarnos, ¿qué hacía el Gobierno de México espiando a sus ciudadanos?

En una democracia deberíamos saber todo del gobierno y ellos poco de nosotros, a menos de que seas un criminal, pero no es así. Estamos en un mundo en el que la vida de la gente es pública y las decisiones de los gobernantes son cada vez más privadas. (Snowden, 17 agosto 2017) A pesar de los esfuerzos realizados por instituciones como el INAI, el secreto sigue siendo una tradición en el Estado Mexicano.

Recordemos casos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y la misma Casa Blanca, que, a pesar de haber abierto investigaciones y de haber expuesto el abuso del Ejército Mexicano y la Presidencia de la República, dichos expedientes no pueden ser leídos todavía en su totalidad.

El secretismo dentro del Gobierno Mexicano viene heredado de una cultura política construida desde el Partido Revolucionario Institucional. El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto. (Azam Ahmed y Nicole Perlroth, 19 de junio 2017)

Pegasus es la expresión de un gobierno que sigue pensando que puede tratar a sus ciudadanos como niños, como súbditos. Los ataques estaban dirigidos a periodistas, a grupos de personas defensoras de los derechos humanos, a activistas. Entre los blancos del programa se encontraron abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. (Ibidem)

¿Qué hace el gobierno queriendo callar las voces en una democracia? ¿Qué mecanismos de control tiene el INAI para prevenir y castigar las futuras infiltraciones?  La respuesta la dio a el Universal el comisionado Joel Salas Suárez, en una entrevista publicada el 26 de marzo de este año, al reconocer que el INAI no tiene dientes y que es necesario fortalecer el marco regulatorio en la materia. De nuevo, como en los tres casos mencionados anteriormente, lo que predomina es la impunidad.

De poco sirvió que el INAI determinara que la FGR había incumplido la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados si es incapaz de ejercer coacción y de castigar a los responsables de operar el software Pegasus. De poco sirven los protocolos de seguridad, la protección de las computadoras, celulares o tabletas; si existe la voluntad expresa del Gobierno por espiar a sus ciudadanos.

Pegasus escandaliza por el flagrante atentado en contra de la libertad de expresión. Por la sutileza de la violencia ejercida contra los periodistas y movimientos sociales que ponen en tela de juicio el actuar de los funcionarios públicos. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. (Azam Ahmed y Nicole Perlroth, 19 de junio 2017)

80 millones de dólares en un país que tiene a más de la mitad de su población muriendo de hambre. 80 millones de dólares para saber qué están haciendo los periodistas y defensores de derechos humanos en un lugar en donde lo común es la muerte. 80 millones de dólares para saber cómo limitar la libertad de expresión, como anticiparse a la crisis, cómo y dónde amedrentar a familias enteras para que las cosas no salgan a la luz.

Y si no es Pegasus, quedan los tribunales. “En México, quienes escribimos en medios estamos expuestos a la ira de políticos y gobernantes, de empresarios deshonestos y de integrantes del crimen organizado. En los últimos años ha proliferado la costumbre de interponer demandas por “daño moral”, acusaciones graves por los múltiples vicios que tiene la justicia mexicana”, expresó Sergio Aguayo en un comunicado retomado por Animal Político, el primero de abril de este año.

Pareciera ser que, de nueva cuenta, la CPEUM está de adorno. Seguimos viviendo en un país con un sistema judicial carente de honestidad y limpieza. En un mundo donde los poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos, los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que nunca. La combinación de vigilancia selectiva, nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos. (Amnistía Internacional México. 19 de junio 2017)

Por ello, resulta alarmante que la 4T siga insistiendo en quitarle protagonismo a la sociedad civil. Pareciera ser que, en México, lejos de que las autoridades promuevan el derecho a la información, a la libertad de expresión, de réplica; entre otros; parecen empeñados en seguir detentando esa voluntad de verdad de la que hablaba Foucault. En este sentido, cobran relevancia, prácticas como la fiscalización y la rendición de cuentas, que permitan a la sociedad saber qué está haciendo el gobierno, en qué gasta el dinero de los impuestos y cuáles son los resultados de los programs públicos.

El crear sociedades vigilantes, como menciona Rosanvallon, resulta ineludible. En México es necesario instaurar poderes de control, formas de obstrucción y juicios; para conformar lo que el autor francés llama contrademocracia, que es la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral. (2006. 27)

El caso Pegasus fue ilegal, criminal y violatorio de los derechos humanos. Ilegal al no existir una fundamentación adecuada dentro del marco normativo nacional. Criminal, al no adherirse a los principios de legitimidad y al no contar con autorización judicial federal.

De manera destacada, podría haberse cometido el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, contemplado en el artículo 177 del Código Penal y considerado un delito grave, por el cual resulta aplicable una pena de 6 a 12 años de prisión.

Igualmente, se habría cometido el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, contemplado en el artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, por el cual puede imponerse una pena de hasta dos años. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que podrían haberse cometido en paralelo. (Gobierno Espía. Junio de 2017)

Ante el escenario descrito en las líneas anteriores, además de la creación de un marco legal más robusto, que dote al INAI de las herramientas punitivas necesarias; resulta necesario regular el uso del programa maligno en el país; en paralelo, resulta inaplazable la creación de una legislación que permita prevenir y castigar el hostigamiento que sufren, tanto periodistas, como activistas y defensores de derechos humanos en México.

También debe crearse una comunidad de especialistas en identificación de programas malignos, que provenga de la sociedad civil y que se protegida por organizaciones internacionales, con atribuciones de denuncia y castigo a los funcionarios públicos que hagan del espionaje una herramienta de intimidación social.

De la misma manera, es fundamental entender que la correcta gobernanza de Internet debe involucrar a tres actores principales:

  • Son los principales creadores y consumidores de información por medio de webs, blogs, videos, tweets, etc. Sin importar las distancias.
  • Internet permite algo que se llama “permissionless innovation”, donde cualquiera puede crear y ofrecer un servicio. Empresas como Amazon, Google y Facebook tuvieron un inicio pequeño.
  • Pueden ofrecer sus servicios y recaudar impuestos por medio de Internet, para que, a su vez, permitan a los ciudadanos elegir, peticionar y supervisar a sus gobiernos en línea. Pugnar por una mayor transparencia. (Baez. 11 de marzo 2019)

Sin una sociedad civil fuerte, que sepa utilizar de manera adecuada las nuevas herramientas digitales y vigile el actuar de los funcionarios en los distintos niveles; resulta complicado configurar un contrapeso que tenga la certeza, dinámica, organización y alcances; con los que ya cuentan estos personajes que insisten en atentar contra los derechos individuales, sociales y digitales de la ciudadanía mexicana.

BIBLIOGRAFÍA

@CuevasO33

También puedes revisar:

Contrademocracia en México

Pegasus: crónica de una historia

Crisis de DDHH en México

Los comentarios y opiniones vertidos en Órbita Política son responsabilidad del autor, no representan una consultoría, asesoría o prestación de servicios de ninguna índole. 

 

 

 

 

 

 

14 comentarios en “Pegasus:pináculo de la censura en México

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