Por Ignacio Pinacho Ramírez

La democracia de implicación se desdobla necesariamente en la participación ciudadana. La misma se puede dar en diversos ámbitos de la vida pública, ya sea en asociaciones civiles, cabildos ciudadanos, iniciativas ciudadanas, asociaciones políticas o partidos políticos.

La convocatoria abierta por el INE ha resultado en la aplicación de más de 100 asociaciones políticas nacionales que buscan ser partidos políticos. A pesar de que las reglas siguen siendo complicadas, podemos ver que la ciudadanía tiene hambre de participar en la vida pública de México.

1.- Se han inscrito al INE más de 100 organizaciones, entre ellas #VamosJuntos APN, con la intención de ser partido político nacional. La gran pregunta que salta a la vista es ¿Para qué? Desde luego que hay que dejar claro que el derecho de asociación política es un derecho constitucional. Nadie en su sano juicio puede objetar este derecho.

2.- Las reglas establecidas para crear nuevas formaciones partidistas y que los actuales partidos políticos (Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y PT) no han movido un dedo para modificarlas, dificulta seriamente el cumplimiento de los requisitos. Como en años anteriores, seguramente de esas más de 100 organizaciones que aspiran a serlo, llegarán a la meta entre tres o cuatro agrupaciones. Ojala sean más. La crisis severa del PAN, PRD y PRI pueden generar mejores condiciones para nuevas opciones.

3.- Existen opiniones de ponerle un límite al régimen de partidos. Algunos porque incorrectamente piensan que con los actuales estamos más que representados; otros porque erróneamente piensan que significa más gasto público. No es tal. En una sociedad plural y de intereses tan heterogéneos como la nuestra, la representación no termina en y con los actuales partidos, el pluralismo no es un problema jurídico es una expresión social. Respecto a los dineros públicos, la ley es clara, sean 2 o 100 partidos el financiamiento es el mismo. Más partidos en el mercado político generan mayor competencia, crean contrapesos, mejoran la oferta e incentivan la participación ciudadana en los asuntos públicos.

4.- Ahora bien, de si hay que eliminar el gasto público o reducirlo es tema que debe resolverlo principalmente el Congreso de la Unión. Lo que si podemos señalar, de acuerdo a nuestra experiencia, es que sí es posible hacer política y propiciar la participación ciudadana sin dinero público. El debate sería en qué cantidad el financiamiento público en relación al privado y hacia dónde dirigir el gasto, con el fin de que los partidos cumplan de forma fehaciente su función constitucional.

5.- Si las normas para constituir partidos políticos se flexibilizaran y las reglas de competencia fueran equitativas, seguramente el financiamiento no sería la gran preocupación. Pero hoy lo es, y todos los actores políticos tendrían que están dispuestos a iniciar el debate, y contribuir a la formación de un nuevo régimen de partidos: más flexible y menos oneroso, más democrático y transparente, que fomente realmente la cultura democrática y el respeto a la ley; y, sobre todo, que contribuya a la construcción de una ciudadanía de alta intensidad.

6.- Por lo pronto, participemos con las actuales reglas. No hacerlo significaría dejar pasar seis largos años, con el riesgo de que durante ese tiempo eche raíces más profundas la cultura autoritaria, clientelista y populista del actual gobierno federal. Cultura que no terminó por irse, que regresó con otros ropajes; y que los demócratas y liberales de este país, estamos emplazados a crear nuevas opciones para fortalecer la competencia y el pluralismo político. “Vamos Juntos” está en lo dicho. Vamos por una nueva opción bajo los preceptos del #LiberalismoIgualitario.

@IgnacioPinacho

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