Por Oscar Cuevas

México, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se ha enfrentado con una serie de violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Ayotzinapa  y Tlatlaya fueron tal vez los casos más emblemáticos.

En marzo de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, en seguimiento de su visita realizada durante el mes de octubre de 2015; lanzó una serie de recomendaciones que deben ser adaptadas por el gobierno mexicano para terminar con esta insostenible situación.

Las recomendaciones son la creación de un consejo que asesore al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y de sanción con la intención de revertir la tasa de impunidad que impera en el país.

El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos[1].  Según el documento, también es necesaria la creación de una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República con la intención de realizar las investigaciones necesarias de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas[2].

El Alto Comisionado recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares[3]. Promover un enfoque de seguridad ciudadana para asegurar que las instituciones y las políticas de seguridad pública estén alineadas con los estándares internacionales en la materia; insiste en que es necesario adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación[4].

Hace hincapié en la creación de una institución nacional forense, autónoma e independiente, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia. Sugiere unificar los registros de personas desaparecidas, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones[5].

El Alto Comisionado menciona que es necesario otorgar autonomía a diversos órganos, así como ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención; b) Firmar y ratificar todos los tratados Interamericanos de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que están pendientes de ratificación[6].

Afirma que es necesario fortalecer los mecanismos inter-institucionales de alto nivel en materia de derechos humanos y el sistema nacional de estadística. Menciona que ambos tienen que incluir mecanismos adecuados de participación de la sociedad civil y los sujetos de derechos.

Sobre los pueblos indígenas, la ONU comentó que deben garantizar las consultas a estas comunidades cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos. Insistió en que deben de realizarse políticas públicas en favor de las mujeres, particularmente aquellas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, asegurando la asignación de recursos necesarios para su completa implementación. Al respecto, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) necesita ser fortalecido para proporcionar datos actualizados y ser una herramienta más accesible al público[7].

En materia de políticas públicas, el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano basarse en información generada a través de un sistema de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH, así como implementar una política de transparencia de los mismos.

Finalmente, recomienda adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios[8].

Ahora, hará falta hacer un seguimiento sobre dichas recomendaciones para visibilizar la voluntad que tiene el Estado mexicano de seguir estas recomendaciones para que la actual situación de violencia se transforme.

@CuevasO33

 

[1] RECOMENDACIONES PARA MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SR. ZEID RA’AD AL HUSSEIN, RESULTADO DE SU VISITA OFICIAL AL PAÍS EN OCTUBRE DE 2015. En http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf consultado el 25 de octubre de 2016

[2] Ibídem

[3] Ibídem

[4] RECOMENDACIONES PARA MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SR. ZEID RA’AD AL HUSSEIN, RESULTADO DE SU VISITA OFICIAL AL PAÍS EN OCTUBRE DE 2015. En http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf

[5] Ibídem

[6] Ibídem

[7] RECOMENDACIONES PARA MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SR. ZEID RA’AD AL HUSSEIN, RESULTADO DE SU VISITA OFICIAL AL PAÍS EN OCTUBRE DE 2015. En http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf

[8] Ibídem