SOBRE EL DERECHO COMÚN LATINOAMERICANO

Por Luis Miguel Hoyos

Hoy la región es un terreno político en gran medida “colonizado” por el neohistoricismo y el deconstruccionismo de Derrida, Foucault y Butler. Llegamos a un momento donde se plantea una crítica sistemática a la noción de individuo, contrato social y a las bases ilustradas que fundamentan la modernidad.  América Latina viene elaborando su propia “genealogía”. Una que en muchas ocasiones niega el cambio valorativo introducido por el Constitucionalismo Ilustrado.

La altermodernidad política en América Latina.

En ocasiones las llamadas “epistemologías del sur” vindicando una nueva forma de pensamiento olvidan que la modernidad fue quien abrió un mundo que pertenece a las agendas comunitarias por derecho de autoría. Básicamente porque vivimos en un mundo globalizado y en esta nueva geografía ningún ordenamiento jurídico puede permanecer separado. 

La “altermodernidad política” es parte de una “genealogía propia” que invita a las tradiciones constitucionales a prohibir cualquier repliegue identitario, sobre todo si viene de Europa. Esta corriente posestructuralista ha permitido un repensar político que promete la liberación y renovación de toda la conceptología jurídica que algunos acuñan sumergida en el colonialismo europeo y estadounidense: ni qué decir de ciertas corrientes del feminismo latinoamericano, que son en gran parte ahora “nomadismo de género y performatividad”.

Con esta afirmación no pretendo tomar partido en el debate actualmente en curso acerca de las fortalezas descriptivas y normativas de la “teoría política descolonizadora”. Ni adherirme a ninguna de sus versiones en particular, ni menos aportar una caracterización más. Pero, sí encuentro necesario volver a menudo sobre el momento en que la innovación de la integración latinoamericana se inició y señalar que viene siendo desplazado por la altermodernidad política.

Romper con las tradiciones políticas modernas nos ha costado muchas cosas. Entre estas la imposibilidad de replantear el concepto de soberanía de Estado y con ello, avanzar en la madurez conceptual que defina la arquitectura de una Unión Jurídica Latinoamericana. Para constituir así un modelo policéntrico con varios ejes de realidad constitucional.

La crisis política e institucional de la integración regional.

El “Sistema Andino de Integración – SAI” que da origen al Sistema CAN – Comunidad Andina es un ordenamiento comunitario poco afortunado y salvo excepciones, no se enseña en las Facultades de Derecho. Ni que decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que existe desde 1979 y tiene sede en Quito, Ecuador. A diferencia de la Corte Interamericana (CoIDH) aspira a constatar las llamadas “tradiciones jurídicas comunes” y unificar el consenso regional de constitucionalidad. Es decir, erigir el tan anhelado modelo policéntrico y multinivel de una futura ingeniería judicial latinoamericana. Pero tal armonización no existe. Aún nuestros Estados viven en fronteras jurídicas “solipsistas” que en ocasiones ignoran  la necesidad de integrarse comunitariamente.

Alfredo Fuentes Exsecretario General de la CAN manifestó que en el TJCA  las causas judiciales recibidas se cuadruplicaron entre 2008 y 2018 y las resueltas se quintuplicaron. Las 620 sentencias en 2018 significaron 1,7 % de los pronunciamientos diarios que han servido de apoyo tanto a los Estados como a los empresarios de la región. Así mismo manifestó que la gran mayoría de las solicitudes de interpretación prejudicial emitidas que constituyen más del 90% de su carga laboral provienen de Colombia. Sobre asuntos de propiedad industrial, normas aduaneras, transporte, comunicaciones, libre competencia, doble tributación, entre otros. Sin embargo, ni con estos importantes resultados el TJCA logra concitar el respaldo institucional.

Los retrasos en las cuotas de sostenimiento por parte de los Estados fundantes  ascienden a una cifra aproximada de US$1.480.000. Para el caso de Colombia el retraso en el aporte es superior de US$330.000. Claramente hay una “Ventana de Overton” por la que pasa una falta de compromiso político que está permitiendo la pauperización institucional del Tribunal. Circunstancia que se agravó por la crisis financiera que ha dejado el Covid-19 y que hace temer que el TJCA pueda cesar su operación por desfinanciamiento.

Delimitando las fronteras y algunas recomendaciones.

La CoIDH referente de transformación política y puerta abierta “a la necesaria redundancia” que obliga proteger a los derechos humanos no es el sistema de la codecisión judicial latinoamericana. Escapa de su competencia pues materias como: régimen económico de los matrimonios latinoamericanos; derecho aduanero; libre circulación de personas, bienes y servicios; suelos transfronterizos para la cotización de pensiones en el espacio latinoamericano, entre otros subsistemas que son necesarios unificar para lograr la “identidad jurídica latinoamericana”, no se pensaron para la Corte de San José.  

En definitivo, restar importancia a la práctica judicial del TJCA y acuñar al Sistema Interamericano “casi todo” es un irracionalismo jurídico. Si bien habrá protección de derechos humanos, no se logrará la triangulación o diálogo judicial necesario para la “unidad jurídica de la región”. Ignorar la necesidad de integración comunitaria es seguir manteniendo abierta una gran “Ventana de Overton” que seguirá afirmando la idea política de que el TJCA es un “pretensioso” repliegue identitario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en América Latina. Lo que terminará en la muerte de nuestro proyecto de derecho común latinoamericano.

Bibliografía:

ALONSO, Ricardo (2014). Sistema Jurídico de la Unión Europea. En: Naturaleza y Evolución de la Unión Europea. Universidad Complutense de Madrid, España.

ANDERSEN, Svein (1993). Making Policy in Europe, London.

BRYCE, James (1988). Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

CAPORASO, J. (1998) Regional integration theory: understanding our past and anticipating our future. Journal of European Public Policy, Vol. 5, No.1.

ROSAMOND, Ben. (2000). Theories of European Integration, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London.

TAYLOR, P. (1983). The Limits of European Integration, London & Sydney, Croom Helm.

El presente escrito no representa la opinón de Órbita Política, las opiniones son responsabilidad exclusiva del autor.

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