Por Óscar Cuevas
El derecho a la información forma parte de los derechos humanos, que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. El derecho a la información se fundamenta en que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y pensamiento.
Dentro de una democracia, la libertad de expresión resulta fundamental para la creación de una opinión pública crítica, responsable, abierta al diálogo y a la discusión de distintos puntos de vista. En este sentido, los dichos del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante sus mañaneras, han puesto en alerta a diversas organizaciones no gubernamentales, medios nacionales e internacionales y a algunos académicos que estudian la relación entre los medios de información y el poder público.
¿Qué es la libertad de expresión?
Según la CPEUM, en su artículo sexto, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Dentro del mismo artículo, se señala que la libertad de expresión no puede restringirse mediante la utilización del derecho penal o cualquier otro medio que impida la libre circulación de ideas y opiniones distintas. Más adelante, se lee que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
En este sentido, el Estado Mexicano velará por el libre ejercicio de la libertad de expresión, dotando a la ciudadanía de libertad en el acceso a la información plural y oportuna. Así como a recibir, difundir y buscar información por cualquier medio de comunicación. En el artículo 6º se menciona también el derecho a la privacidad que tenemos los ciudadanos, el derecho al acceso de información en posesión de sujetos obligados, así como las instituciones responsables de velar por su cabal cumplimiento.
Por su parte, el Artículo 7º de la CPEUM, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
La libertad de expresión es un freno a la opacidad y al secretismo del estado mexicano; pues apuesta a la creación de una ciudadanía crítica y vigilante, a la aparición del pueblo-juez; piedra angular para la formación de la democracia de implicación, en donde los ciudadanos vigilan, juzgan, exigen y castigan a los funcionarios públicos de los diferentes ámbitos de gobierno.
Libertad de expresión vs censura
Sin embargo, a pesar de que la libertad de expresión se encuentra plasmada en diversas reglamentaciones jurídicas, todavía no se logra su total respeto en territorio nacional. En entrevista otorgada a CNN México, el 06 de noviembre de 2014, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseveró que Iguala era tal vez el caso más emblemático de violación en materia de derechos humanos, sin embargo, afirmó que esta es una práctica que ocurre en distintos lugares del país, como Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como resultado de su visita en 2015, observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
Artículo 19 en México, también ha comentado sobre la situación de vulnerabilidad que se vive y específicamente, los riesgos que enfrentan los periodistas al intentar ejercer su profesión dentro del territorio nacional. Aunado al acoso, a la precariedad laboral, según Artículo 19, durante el sexenio de Peña Nieto, el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo era México. Además de los homicidios, la organización civil defensora de la libertad de expresión también documentó que durante el gobierno pasado se registraron 2 mil 502 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, hasta un 129% al alza en comparación con el sexenio de Felipe Calderón, cuando documentaron mil 092 ataques.
En lo que va de la llamada cuarta transformación, según Artículo 19 se han asesinado a 10 periodistas: Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur; Samir Flores Soberanes en Amilcingo, Morelos; Santiago Barroso en San Luis Río Colorado, Sonora; Telésforo Santiago Enríquez en Oaxaca; Francisco Romero en Solidaridad, Quintana Roo; Norma Sarabia en Hiumanguillo, Tabasco; Rogelio Barragán en Morelos; Edgar Alberto Nava López en Zihuatanejo, Guerrero; Jorge Celestino Ruíz Vázquez en Actopan, Veracruz; y Nevith Condés en Tejupilco, Estado de México.
Casos de censura a la libertad de expresión
Artículo 19, en una carta pública al presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló la preocupación de esta organización civil ante los dichos proferidos por el jefe del Ejecutivo durante sus mañaneras, en donde tildaba a Reforma de difundir información falsa y equivocada. En dicha Carta, recordaba al presidente en funciones, que las descalificaciones no son parte del derecho de réplica. Dicho derecho no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario, sino que atiende a la necesidad de conocer las distintas versiones de los hechos del protagonista de una nota periodística. La réplica no debe restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones.
Sin embargo, el Presidente López Obrador ha seguido atacando a los medios de información, tanto a nivel nacional, como internacional. Durante sus mañaneras ha seguido tildando como prensa fifí a los medios de información que critican sus decisiones. También se ha referido a la revista Proceso como un medio que no se portó bien cuando Andrés Manuel fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El presidente en turno, también ha agredido en diversas ocasiones a Reforma, asegurando que pronto no habrá quién les compre su periódico. Por si fuera poco, no solamente ha sobajado a medios de carácter nacional, sino también se ha enfrascado con periodistas de medios internacionales, como fue el caso de Jorge Ramos; o tildar al Financial Times de ser un medio que promueve la economía neoliberal o llamar conservador a El País.
En medio de la situación de vulnerabilidad que viven los periodistas en México, buscar atentar contra la libertad de expresión de los medios de información resulta alarmante, sobre todo viniendo del máximo representante de la estructura gubernamental del país. Ante el llamado constante de las organizaciones de la sociedad civil a que el mandatario deje de utilizar un lenguaje que estigmatiza a la prensa y daña la credibilidad de los medios de información, AMLO ha negado rotundamente las acusaciones, diciendo que siempre se ha conducido con «respeto».
En México, los periodistas enfrentan, además de la precariedad laboral, la inseguridad y las constantes amenazas; un mecanismo de acoso jurídico, en donde se utilizan los vacíos legales para instaurar juicios en contra de periodistas, con la clara intención de censurar al gremio.
Uno de los casos más sonados fue el de Carmen Aristegui y MVS noticias, en donde la empresa de medios despidió a la periodista y su grupo de investigadores, derivado de la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Otro de los casos durante la administración de EPN, fue la demanda que interpuso Humberto Moreira, en junio de 2016 contra Sergio Aguayo por “daño moral”. En octubre de 2019, Moreira parecía haber ganado la demanda en donde exigía un pago de 10 millones de pesos por parte de Aguayo, además de gastos y costas generados durante tres años de juicio.
Si bien a finales de marzo del presente año Aguayo ganó la demanda contra Humberto Moreira, afirmó en entrevista con Reforma, el 31 de marzo de 2019, que
“en el primer año del juicio desembolsó más de 400 mil pesos a pesar de que el despacho de abogados que lo representó tomó el caso pro bono”, y señaló que le dejaba la “constatación de que los periodistas independientes y críticos en México estamos indefensos ante el poder, porque quienes tienen el poder lo utilizan para hostigarnos, atacarnos, difamarnos o asesinarnos, en algunos casos.”
El más reciente asunto en donde se usan mecanismos jurídicos para buscar censurar a la prensa mexicana lo tenemos en la demanda interpuesta por Salinas Pliego y Banco Azteca contra Proceso, como resultado de la investigación publicada en su revista en julio de este año, Pemex-Fertinal: el gran fraude de Salinas Pliego.
Dicho reportaje arrojó indicios sobre los vínculos del magnate con una red de sociedades en el extranjero que tuvieron acciones de Grupo Fertinal entre 2006 y 2016; también mostró cómo empleados de Grupo Salinas ocuparon puestos clave en la empresa, mientras Banco Azteca se convirtió en su “tesorería” mediante el fideicomiso F470.
En este sentido, los tres ejemplos mencionados fundamentan sus investigaciones con información verificable, objetiva y de claro interés público, al denunciar los casos de corrupción entre el gobierno de EPN y la cúpula empresarial mexicana. La utilización de las demandas por daño moral es un mecanismo que, tanto el empresariado como la clase política, han empleado para cubrir los negocios que se hacen por debajo de la mesa en un intento por callar las voces críticas del periodismo nacional.
Citando a Sergio Aguayo, resulta imprescindible impulsar un proyecto de Ley que busque corregir el acoso judicial hacia los periodistas. La libertad de expresión en México se encuentra amenazada desde el marco jurídico que beneficia a empresarios y políticos corruptos, desde las calles, ante los asesinatos contra periodistas y desde casa, ante la indiferencia de la ciudadanía. Sin embargo, el periodismo de investigación es una herramienta poderosa, que, en tiempos de violencias diversas, es necesario empuñar y defender día a día.
Otro elemento importante es realizar un seguimiento, no solamente a las mañaneras de AMLO, sino también a los dichos y hechos de las gubernaturas, las alcaldías, regidurías, etc. Como ciudadanía, nos corresponde vigilar que los funcionarios públicos respeten el derecho a la información de todos y velen por el libre ejercicio de la libertad de expresión en México. De lo contrario, estaremos renunciando como sociedad a la elaboración de una opinión pública informada, a la capacidad de crear acuerdos y al derecho de escuchar voces distintas; y con ello, a la capacidad creativa de la comunidad.
México debe transitar a la creación de un debate público de calidad, con medios de información libres, que pongan el derecho a la información de los ciudadanos antes que sus intereses económicos. Nuestro país necesita de la creación de medios críticos, independientes, capaces de denunciar sin temor a quienes abusan del poder y del dinero público. Necesitamos periodistas bien remunerados, respetados y sobre todo, seguros.
Twitter: @CuevasO33
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