Constituciones mexicanas, ¿imitaciones internacionales?

Por Óscar Cuevas

Los diversos proyectos de Nación que México ha querido instaurar a lo largo de la historia tienen un error común: se inspiran en modelos que van más allá de sus latitudes y no toman en cuenta las condiciones sociopolíticas de nuestra comunidad. Aquí un recuento al respecto.

Algunos, como Díaz, fueron deslumbrados por esfuerzos europeos y cayeron bajo el embrujo de la copia y el remedo. Otros, como Vasconcelos y Juárez, quisieron revestir a la Constitución de tal pulcritud, que no se dieron cuenta de que el instrumento que creaban iba a funcionar solamente en sus más profundos sueños.

Coincido con Escalante Gonzalbo cuando afirma que sin el apoyo de la moral cívica, el Estado que imaginaban era una quimera; sin el uso de los mecanismos informales – clientelistas, patrimoniales, corruptos – el control político era imposible[1]. Aquella maquinaria aceitada por Díaz, funcionaba gracias a los favores que trascendían las normas y mejores costumbres.

Hoy, en pleno postmodernismo, siguen teniendo valía las palabras de Mora. De nada sirven las mejores leyes si no hay costumbres y si hay flojedad o desidia de los funcionarios públicos encargados de su cumplimiento[2]; las leyes en México han quedado como letras muertas, en parte, porque se ha querido que las cosas se amolden a las instituciones y no al revés.

Para evitar que salgamos con la misma amargura que Comonfort y compañía del proceso creativo de nuestra Constitución, es fundamental hacer un análisis del estado de cosas en nuestra querida Ciudad de México. Escapar a las interpretaciones deontológicas, sostengo que la Constitución no debe sostener el espíritu de la ciudad sino debe crearse tomando en cuenta la situación que se está viviendo.

Si bien la Constitución en sí misma no puede dejar de ser un texto legal-ético-teleológico; debe basarse en la situación política-social y económica que vive actualmente nuestra ciudad, para que la Carta Magna sea el reflejo de la condiciones sociales actuales, y como tal, refleje el adecuado tratamiento de las problemáticas que se viven dentro de nuestra ciudad y así pueda dotarla de un mecanismo legal que permita solucionar y dar respuesta a las exigencias de los diferentes grupúsculos sociales que dan vida a nuestra abigarrada ciudad.

De aquí que sea inconcebible un documento legal que no reconozca a la Gobernanza como la noción fundamental para la construcción de una vida democrática plena. Si hemos aprendido algo de nuestra historia debemos a toda costa evitar repetir lo que sucedió después del Imperio, durante los siglos XIX y XX, crear leyes cargadas de buenos deseos que no sean el resultado de un proceso histórico social de reivindicación de derechos y adhesión de otros.

Por ejemplo, la Constitución Política de la Ciudad de México no puede sostenerse sin conceptos fundamentales a nivel internacional, como lo son las nociones de derechos humanos[3], el principio pro-persona[4], la seguridad humana[5], la equidad de género[6], etc. Como tampoco puede sostenerse sin la participación ciudadana en la toma de decisiones con respecto al destino de su ciudad. Es por ello fundamental que la participación ciudadana no quede relegada solamente a las elecciones ni a los espacios que escapan a la estructura de gobierno.

La Democracia, va mucho más allá de la Democracia Electoral. Ese espacio en donde los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a participar por medio de las urnas. Sin duda, el voto es un elemento fundamental en las Democracias Postmodernas, pero no es el único.

En un contexto como el de México, en donde los partidos políticos, personas servidoras públicas y el aparato de gobierno gozan de niveles de rechazo alarmante y sostenido, la Contrademocracia se presenta como la alternativa de participación ciudadana.

La Contrademocracia, es para Rosanvallon, la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza originada frente a la democracia de la legitimidad electoral. Es la noción que permite combatir el abismo que existe entre representantes y representados

La Contrademocracia está formada, según el profesor del Collège de France, por la vigilancia, la denuncia y la participación; que servirían para poner en tela de juicio la reputación de un poder público. Es necesario recordar que estos mecanismos surgen más allá de la esfera gubernamental y no pertenecen al sistema democrático oficial en sí mismo.

Sostengo, que además de los mecanismos de vigilancia, denuncia y participación que pueden darse al exterior del aparato burocrático gubernamental, es imperativo que la nueva Constitución Política de la Ciudad de México cuente con mecanismos, programas y políticas públicas que fomenten la participación ciudadana no solamente desde fuera del sistema sino desde dentro.

Si se quiere reducir la distancia que existe entre gobernantes y gobernados se debe interesar a los representados para que puedan participar dentro de las dinámicas de la toma de decisiones. Mecanismos como el referéndum y el plebiscito deben incluirse, difundirse y promoverse para tomar decisiones, no solamente a nivel local, sino al nivel de las alcaldías y colonias.

La democracia no es el gobierno del pueblo sino para el pueblo y por el pueblo. Situación que se antoja complicada al tomar en cuenta un conjunto globalizador que tiende a la homogeneidad como el único método de validación política, social y económica. La democracia no es pues la tiranía de la mayoría, sino es aquél sistema de gobierno, que basado en una estructura de contrapesos, da lugar a la negociación política entre los diversos miembros de la sociedad.

Sin embargo, dicha negociación no se da entre dos actores con el mismo capital político. En México, la maquinaria gubernamental se enfrenta a una ciudadanía imaginada, que no ejerce sus derechos ni se preocupa por vigilar los actos del gobierno. Por ello, no exageramos cuando al inicio de este ensayo dijimos que los constituyentes están colocados en un trance histórico. Es su responsabilidad plasmar en la Constitución lo que serán las nuevas relaciones entre representantes y representados.

@CuevasO33

[1] Escalante Gonzalbo Fernando. Ciudadanos Imaginarios. Colegio de México. México. 1993. P. 53

[2] José María Luis Mora, El Observador, 30 de Junio de 1830 en Obra Política, Briseño, Solares y Suárez (coomps.) México, Instituto Mora, 1986; Obras Completas, vol. I p. 185 en Escalante Gonzalbo, Fernando. Ciudadanos Imaginarios. Colegio de México. México. 1993. P. 189

[3] Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes [nacionales e internacionales], deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”. (CNDH, 2005).

[4] [Un] criterio fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro persona] […] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento la excepción. En http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf

[5] La seguridad humana tiene dos dimensiones básicas: la libertad respecto a las necesidades básicas (que éstas se vean cubiertas) y la libertad respecto al miedo (amenazas, represión, etc.). Las amenazas a la seguridad humana pueden ser crónicas (hambre, enfermedad, represión, etc.) o pueden consistir en perturbaciones repentinas de la vida cotidiana, y pueden deberse a factores naturales o humanos. Tales amenazas pueden ser multitud, pero según el PNUD podríamos agruparlas en siete categorías básicas, correspondientes a otros tantos tipos de seguridad humana. En http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/204

[6] Principio que, conscientes de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, permite el acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes, servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de lograr la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/015_equidad_y_genero/001_equidad_y_genero

 

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