Por Óscar Cuevas

La existencia de nuevos partidos políticos suele interpretarse como un síntoma de salud democrática. En principio, así debería ser. Toda democracia necesita nuevas organizaciones que representen intereses emergentes, renueven los liderazgos y obliguen a las fuerzas tradicionales a competir por mejores ideas. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre la aparición de un nuevo proyecto político y la reconstrucción periódica de una misma organización bajo distintas siglas. El nacimiento del partido PAZ obliga precisamente a discutir esa diferencia.

Desde el punto de vista jurídico, el debate está resuelto. El Instituto Nacional Electoral verificó que la organización cumpliera los requisitos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos para obtener el registro nacional y, posteriormente, el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En términos legales, PAZ tiene el mismo derecho que cualquier otra fuerza política para competir en las elecciones de 2027.

La discusión relevante comienza donde termina el procedimiento administrativo. PAZ no surge de una nueva corriente ideológica, de una generación distinta de liderazgos ni de una demanda social inédita. Es, en esencia, la tercera reconstrucción del mismo grupo político encabezado por Hugo Eric Flores Cervantes. Primero fue el Partido Encuentro Social; después, Encuentro Solidario; hoy vuelve a competir bajo una nueva identidad. La continuidad de sus dirigentes, de buena parte de su estructura territorial e incluso de su narrativa programática hace difícil sostener que estamos frente a una organización completamente distinta.

Este antecedente obliga a formular una pregunta que trasciende a PAZ y alcanza al propio diseño institucional mexicano: ¿el sistema de partidos está incentivando la representación ciudadana o está permitiendo la reproducción casi indefinida de organizaciones cuya principal fortaleza consiste en dominar las reglas para volver a empezar?

La interrogante adquiere mayor relevancia cuando se observa la trayectoria electoral del proyecto. El antiguo PES integró en 2018 una de las coaliciones más exitosas de la historia reciente y participó en la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Paradójicamente, mientras la coalición obtenía una mayoría histórica, el propio partido era incapaz de alcanzar el tres por ciento de la votación requerida para conservar su registro. El mismo fenómeno ocurrió con Encuentro Solidario algunos años después. Dos procesos electorales distintos produjeron el mismo resultado: una organización con capacidad para negociar espacios dentro de alianzas, pero sin una base electoral suficiente para sostenerse por sí misma.

La pérdida del registro tampoco cerró la historia administrativa del partido. El proceso de liquidación del PES dejó documentados adeudos con trabajadores, autoridades fiscales, instituciones bancarias y proveedores, además de multas derivadas de irregularidades detectadas por la autoridad electoral durante los procedimientos de fiscalización. Ex trabajadores y diversos acreedores promovieron reclamaciones para el reconocimiento y cobro de sus créditos dentro del procedimiento de liquidación. Jurídicamente, esos procedimientos corresponden a personas morales distintas de PAZ; políticamente, sin embargo, resulta inevitable preguntarse por la responsabilidad pública de un grupo dirigente que hoy solicita nuevamente la confianza ciudadana después de haber encabezado organizaciones que concluyeron su existencia en medio de controversias financieras y administrativas. Y que al día de hoy se mantienen vigentes adeudos que se originaron en 2018.

No se trata de sugerir que exista ilegalidad en el nacimiento de PAZ ni de desconocer el derecho constitucional de asociación política. La cuestión es otra: la credibilidad de un partido no depende únicamente de cumplir con los requisitos para obtener un registro, sino también de la manera en que administró los recursos públicos y las responsabilidades institucionales que tuvo en el pasado. La memoria democrática no debería reiniciarse cada vez que cambian las siglas de una organización.

Existe un concepto desarrollado por Richard Katz y Peter Mair que resulta particularmente útil para interpretar este fenómeno: el de los partidos cartel. Se refiere a organizaciones cuya supervivencia depende cada vez más de las prerrogativas públicas, de las reglas institucionales y de su capacidad para negociar posiciones dentro del sistema, que de una relación sólida con una base social identificable. No es una categoría jurídica ni una imputación de responsabilidad; es una herramienta analítica para comprender por qué algunos partidos parecen adaptarse con mayor facilidad a las instituciones que a los electores.

Bajo esa perspectiva, el principal desafío de PAZ no será conservar el registro en 2027. Probablemente cuenta con la experiencia organizativa suficiente para intentarlo con posibilidades reales. El desafío consiste en demostrar que esta tercera oportunidad responde a una demanda ciudadana auténtica y no simplemente a la capacidad de un mismo grupo político para reconstruir una organización cada vez que pierde el respaldo electoral necesario para mantenerse dentro del sistema y vivir del erario.

En última instancia, el caso de PAZ obliga a revisar un aspecto poco discutido de la democracia mexicana. El objetivo de las reglas electorales no debería ser únicamente facilitar la creación de nuevos partidos, sino garantizar que éstos aporten representación, innovación programática y rendición de cuentas. Cuando una organización pierde el registro dos veces, acumula controversias administrativas, enfrenta procedimientos de liquidación con acreedores y reaparece prácticamente con los mismos liderazgos, la discusión ya no gira alrededor de su derecho a existir. La verdadera pregunta es si ese ciclo fortalece la pluralidad democrática o si revela un modelo de supervivencia institucional que termina privilegiando la permanencia de las organizaciones sobre la voluntad de los ciudadanos.