Por Juan Pablo Aguirre Quezada

Desde los griegos, considerados las cuna de la democracia moderna, el debate se ha centrado sobre el bien general, la ética, la justicia. El presidente de México ha centrado su narrativa presidencial en el combate a la corrupción y la impunidad. ¿Cómo va México en ese aspecto? Revisemos.

Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales

Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El Índice Global de Impunidad (IGI) 2020 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) evalúa indicadores en materia de justicia en 69 países seleccionados. Un dato que resalta en dicha investigación es el puntaje obtenido por México, que se posicionó entre los 10 países con mayor impunidad, al referir que “Los países con impunidad muy alta son: 59) Guatemala (49.66 puntos), 60) México (49.67 puntos), 61) Kirguistán (51.80 puntos), 62) Nepal (51.94 puntos), 63) Guyana (52.07 puntos), 64) Paraguay (53.15 puntos), 65) Azerbaiyán (54.56 puntos), 66) Argelia (57.63 puntos), 67) Marruecos (58.04 puntos), 68) Honduras (59.69 puntos) y 69) Tailandia (62.82 puntos)”.[1] Lo que muestra algunos déficits en materia de justicia en nuestro país, así como la necesidad de mejores resultados de acuerdo a la percepción ciudadana.

            El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A mandata que “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.[2] Por lo que abatir la impunidad es una de las demandas sociales más requeridas, tal como se incluye en la Carta Magna.

            No obstante, el IGI 2020 señaló respecto a lo que requiere México para mejorar la calidad de justicia es “necesario el desarrollo de políticas públicas que coadyuven a reducir su incidencia. Además, en los próximos años será necesario evaluar la eficiencia del nuevo sistema de justicia que abre la posibilidad de tener juicios orales”.[3] Por lo que a doce años de la importante reforma constitucional que puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, aún existe un sentimiento social de necesidad de castigar al responsable, defender los derechos de las víctimas u ofendidos, así como del inocente.

            Cabe destacar que no es la primera vez que la UDLAP realiza esta investigación, y que el resultado obtenido por nuestro país no es satisfactorio, ya que es un ejercicio anual que realiza desde 2015. Al respecto, el informe refiere que “México ocupó el lugar 60 de 69 países que tuvieron información estadística suficiente para el cálculo del igi-2020. En la edición anterior obtuvo el lugar 65 de 67 países. El rubro en el que tuvo una peor calificación fue en la dimensión estructural del sistema de justicia (95.65)”.[4] Por lo que, si bien existe la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios o salidas alternas para evitar juicios largos, aún la percepción de la población en el sistema de justicia es de evaluación baja, de acuerdo con lo señalado en el IGI-2020.

---

[1] Le Clercq Ortega, Juan Antonio; y Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo. Índice Global de Impunidad (IGI) 2020. Escalas de impunidad en el mundo. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 2020. p.9. Disponible en:  https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2020).

[2] Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2020).

[3] Le Clercq, Op. Cit. p. 198

[4] Le Clercq, Op. Cit. p. 198