Por Romarico Fuentes 

Es innegable que el periodismo mexicano atraviesa por una grave crisis sin precedentes y que difícilmente podrá ser solucionada o revertida si no se actúa desde una perspectiva global, que abarque cada uno de los problemas que enfrenta, debido a que poco a poco se han ido asentando en los diversos terrenos de su competitividad y que sin duda vulneran los derechos esenciales de libertad de expresión y acceso a la información.

Son múltiples las dificultades por las que atraviesa actualmente la prensa en México: recortes publicitarios por parte del gobierno y los consecuentes cierres de medios; sueldos precarios para periodistas y, por ende, la socorrida explotación laboral; recortes masivos de personal y la incapacidad de la prensa misma, por falta de recursos y profesionalismo, de generar un modelo de negocio efectivo que repercuta en un periodismo de calidad; compromiso de la línea editorial y la inercia que esto representa: nula calidad periodística, parcialidad de la información, incapacidad de reacción ante la realidad.

Lo anterior sin mencionar que la peor de las crisis a la que se ha enfrentado el periodismo mexicano es a la violencia e inseguridad que padece el país, y en consecuencia que padecen los periodistas.

2019 fue un año fatídico para la libertad de expresión en México, ya que se registraron 10 asesinatos de periodistas relacionados con su labor periodística, lo que catalogó al país como uno de los más peligroso para ejercer el periodismo, según información de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

Datos de esa organización señalan que México es una de las naciones más mortíferas en el mundo para los medios de comunicación, ya que ocupa el puesto 144, de un total de 180 países evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, tres sitios más arriba en comparación con 2018 (en escala negativa), que se situó en la posición 147 del ranking.

Sabemos que la historia del periodismo en México ha devenido en conflictos de diversa índole que han cercenado la libertad informativa y el derecho a estar informados; sobre todo, conflictos que tienen que ver con la molestia de la clase gobernante cuando es revelada alguna información o emitida alguna opinión que perjudican o hacen tambalear al stablishment impuesto en la sociedad.

No es de sorprenderse que en la actualidad, aun con todas las garantías que existen para salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión, ocurran todavía intentos por censurar, acallar o descalificar a periodistas que se saben o se conocen íntegros para la profesión o que tienen como conciencia inagotable un compromiso real con la sociedad.

La violencia en general se ha desbordado, derivado de diversos fenómenos sociales que el país ha arrastrado a lo largo de muchos años, así como de la reconfiguración de los mismos cuando existe un cambio de administración o la vulnerabilidad del Estado. Es también derivada de la irresponsabilidad del Gobierno Federal para garantizar los derechos más elementales de los ciudadanos, cuando las políticas de combate a la misma no son las adecuadas o no existen las vías para aplicarlas correctamente o simplemente desaparecen.

En el caso de la violencia contra los medios de comunicación y el asesinato de periodistas en México, es sin duda una de las ramificaciones de esa violencia general que padece el país; no obstante, si no se garantizan o no existen los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, uno de los más elementales para vivir en sociedad, la actual crisis ahondará en un elemental fracaso por parte de las autoridades.

Resulta inquietante y de alguna forma alarmante el papel que ha tomado el titular del Ejecutivo Federal en su trato con la prensa, al criticar constantemente el trabajo de los medios y calificarlos directamente, cuando desde su perspectiva alguno de ellos no está de acuerdo con su gobierno, como “prensa fifí”, “el hampa del periodismo”, “periodistas chayoteros”, “prensa vendida, alquilada”, “prensa conservadora”.

Es la esencia de un presidente no con ganas de alinear a la prensa mediante el ataque artero o descarrilarla mediante la descalificación o el oprobio, sino la de un dirigente-historiador que acude a los propios acontecimientos históricos para tratar de emparejar la causa con el efecto, es decir, en sus palabras, tomar partido por el bien de la transformación del país, como un engranaje medios-gobierno para legitimar.

A esto se debieron los altercados con diversos medios de comunicación, como ocurrió el año pasado con Reforma y Proceso, por ello también la opinión de informadores a favor de su gobierno, como la de Bernabé Adame, de la página de Facebook Pasión México; casos que resultan de las reconfiguraciones de un presidente que desea recuperar la historia para impostarla como certeza de legitimación de su administración, una fórmula que contradice la mecánica del periodismo.

“No se portó bien con nosotros”, dijo el presidente al referirse a la revista Proceso en un diálogo que sostuvo con el reportero Arturo Rodríguez en su conferencia matutina del 22 de julio de 2019, y señaló con certidumbre que por favorecer la opinión en pro del conservadurismo: “…por eso lo leo poco ya…”, para afirmar después que el debate de ese tipo, con los reporteros, es bueno.

Sus comentarios y afirmaciones le acarrearon severas críticas desde diversos flancos informativos, sobre todo de “opinadores” que han sido contrarios a su gobierno; no es para menos, no abona en nada al estado de derecho que el máximo dirigente de un país se refiera así al trabajo que realizan a diario los medios de comunicación, y por el contrario, llena de incertidumbre el panorama de la relación que debe existir entre ambos actores, la cual debe caracterizarse por el compromiso de una parte y por el profesionalismo de la otra.

Los vulnerados son la libertad de expresión y el derecho a la información, derechos consagrados por el Artículo 6º Constitucional y garantizados por el Estado Mexicano, y que representan los pilares fundamentales de la construcción de una democracia y de un estado de derecho.

El panorama hasta el momento no se muestra alentador, es indispensable que desde diversos frentes se garanticen en México la libertad expresión y el derecho a la información y, por ende, se propugne por una prensa crítica, independiente, capaz de clarificar todos los claroscuros del gobierno mexicano, y que esté en permanente vigilancia y observación de las decisiones de gobierno y del actuar de los funcionarios públicos; construir desde esa trinchera una sociedad más democrática y participativa, a la que todo individuo aspira.

@romaricofr

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