Por Jaquelin Garduño

#LoQueSucedió

Luego de resultar electo Jaime Bonilla, el pasado 2 de junio del 2019, en Baja California; 51 días después, el Congreso del estado validó en sesión extraordinaria y a puerta cerrada la ampliación del mandato pasando de 2 a 5 años. El tema pasó de ser polémica a ser una crisis política del estado con impacto a nivel nacional.

#LoQueSeDice

Se han generado diversos posicionamientos. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que es un acto inconstitucional en su visión de ex Jueza. El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió no ser involucrado en el tema y el Gobernador electo dijo que no se les puso una pistola en la cabeza para la votación. Los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana promovieron una demanda ante la Corte por el proceso legislativo que se llevó a acabo, misma que fue desechada.  Asociaciones como la Coparmex, expusieron a 12 panistas por ser traidores a la democracia. Se dice que los panistas pudieron recibir hasta un millón de dólares por voto.

#LoQueFue

Son 25 Diputados quienes aprobaron darle más años a la gubernatura de Jaime Bonilla; de los cuales, 12 fueron panistas, 5 priístas, 3 de Morenistas, 4 de otros partidos y un independiente.  Algunos medios de comunicación alentaron a culpar a los Morenistas por el acto de aprobación dado que el partido electo es Morena y coincide con el partido dominante en toda la República.

#ElAnálisis

El proceso legislativo de Baja California puede ser un precedente para que otros gobiernos modifiquen a diestra y siniestra las constituciones estatales. Es inaceptable la imposición y debe de ser un tema de acción del Gobierno Federal para investigar el proceso legislativo que llevó a aprobación y en el cual, vemos actos de corrupción de partidos políticos, comunes en otros años.

En un gobierno de izquierda que marca la línea en su la lucha contra la corrupción es indignante que nuestro Presidente #AMLO pida que no se le involucre en el tema. Que una Secretaria de Gobernación acepte la inconstitucionalidad pero, al mismo tiempo, decida pasar por alto y seguir, poniéndose una venda en los ojos ante actos antidemocraticos.

La omisión también es un acto de corrupción y el gobierno actual, no puede tener una lucha legítima desde esta perspectiva. Es necesario que se investiguen los actos de posible corrupción en el proceso legislativo para evitar que se replique en otros estados, o incluso, en la propia República Mexicana.

Aquí cabe una pregunta: ¿Cuánto dejará una gubernatura en términos de corrupción si se tienen, al menos, 6 millones de dólares  para sobornar a,  al menos, seis Legisladores panistas?

Es urgente que bajacalifornianos y ciudadanos mexicanos en general, pongamos énfasis en lo que están haciendo nuestros Legisladores, recordemos que, “es el pueblo quien pone y quien quita el poder”, citando al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos la obligación de involucrarnos en la vida democrática y política de nuestro país o estaremos destinados a ser usados éste tipo de gobernantes voraces que ponen a jaque a un estado y a un país entero.

@Jackyss2

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