Por Sergio Mendoza

Ante una falta de participación para llevar a cabo una consulta popular para involucrar al pueblo en temas políticos, se observó este 1 de agosto un bajo porcentaje de ciudadanía interesada en que los expresidentes devuelvan al pueblo lo robado. Para este tipo de situaciones en las cuales los mexicanos estamos preocupados por otras cuestiones como la pandemia o la crisis económica por la que estamos pasando, la falta de planeación o la coordinación para que nosotros participemos no se visualizó como una implementación de procesos que permitiera que dicha consulta fortaleciera el vínculo que debe de existir entre quienes tienen el poder político y los habitantes con derecho a voto para decidir las cuestiones políticas por las que México ha pasado.

Si bien, con solamente el 7% de participación del 40% que se necesitaba para hacer el valer el derecho, la consulta popular debería únicamente ser considerada como un primer ejercicio ciudadano para que los habitantes de México tomen en consideración la fuerza social que impacta positiva o negativamente en las decisiones políticas. Tomando en cuenta que, de 93,671,697 ciudadanos solamente 6,663,208 ejercieron su derecho al voto, lo que indica que no estamos acostumbrados a participar en este tipo de actividades políticas.

No obstante, esto nos puede dar una idea de aquellos estados que son más empáticos en comparación con otros en temas de decisiones sociales y ser más permisivos en las estrategias para involucrar a la ciudadanía, ya que se observan aquellos como Tlaxcala, Tabasco y Guerrero los cuales tienen una participación por encima del 11%, en contraste con aquellos como Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua que apenas y alcanzaron un 3% de votación.

Por tanto, y en conclusión, es práctico que los poderes políticos busquen nuevos mecanismos para que los ciudadanos se sientan más representados, sin embargo la falta de estrategias sumando a una nula cultura de participación ciudadana es la ecuación exacta para darse cuenta del rezago y vinculación que existe entre gobierno y ciudadanos.