Por Juan Pablo Aguirre Quezada

Los actos de violencia contra las y los periodistas en nuestro país continúa siendo un peligro para el trabajo de la prensa y de la información. De acuerdo con la organización Article 19 en lo que va del año han sido asesinados 10 comunicadores, cifra alarmante considerando que el corte es al mes de agosto.

Cabe señalar que de acuerdo a los datos de Article 19, de 2000 a 2019 han sido asesinados 131 personas en relación a su trabajo periodístico, de las cuales 10 eran mujeres (7%) y 121 hombres (93%). Estos actos dañan el tejido social debido a los atentados contra las y los comunicadores, los riesgos que dejan a las familias de los deudos, además de alterar el derecho a la información para la población.

De acuerdo con Article 19 las entidades federativas con mayor número de estos ilícitos son: Veracruz (27), Tamaulipas (14), Chihuahua (13), Guerrero (13), Oaxaca (1), Sinaloa (6), Michoacán (5), Estado de México (4), Tabasco (4), Quintana Roo (4), Sonora (3), Durango (3), entre otros. Es decir, es un grave problema a escala nacional.

Estos hechos han atraído la atención de observadores internacionales, ya sea como organismos o asociaciones civiles. Entre ellos destaca la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) definió que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en todo el mundo.

Al respecto, el mes pasado una comisión de esta organización visitó el país a fin de medir los impactos que están sucediendo en contra de los informadores, en especial lo repetitivo del fenómeno y la impunidad del delito, lo que reduce las garantías para que este gremio pueda hacer su trabajo.

Si bien se han realizado diferentes acciones gubernamentales para contrarrestar los efectos de la violencia contra los comunicadores, tal como la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Periodistas desde 2005, esta ha sido criticada por la falta de resultados, lo cual se reflejan con los 131 documentados por Article 19.

Otro problema es el manejo de estos delitos por los distintos fueros, pero que como consecuencia aún no se ha mejorado la situación para la labor periodistas. En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha definido protocolos a desarrollar para prevenir y reducir los riesgos para las y los comunicadores.

Por otra parte, diferentes universidades de distintas latitudes han documentado la situación de riesgo que padecen las y los periodistas en México. Por tanto, pese a existir diferentes acciones que visibilizan el problema en los medios de comunicación, aún hay realidades adversas que limitan el derecho a informar, y que alimenta el miedo a otras instituciones y profesionistas, por lo que es incierto la seguridad del gremio.

@realjpaguirre

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