Consulta Popular, democracia directa y participación ciudadana

Por Eliel Morales Sosa

Las ciudades posmodernas se caracterizan por ser populosas y estar habitadas por una gran cantidad de personas. La democracia directa griega es una imposibilidad práctica. Ante ello, la ciudadanía ha pujado por tener diversos mecanismos de intervención y participación en la toma de decisiones dentro de la esfera política. 

En México, uno de esos mecanismos es la consulta popular, tan de moda en estos días. ¿Es un instrumento viable? ¿Estamos interesados los ciudadanos en participar dentro de la espera política? ¿Es un mero mecanismo cosmético de la constitución? El presente análisis pretende abonar a la discusión, no te lo puedes perder. 😉 

Con la reforma constitucional del 2014 se añade una vertiente de la democracia directa que permite  a los ciudadanos llevar una iniciativa para que la misma pueda ser legislada con efectos vinculantes para los poderes ejecutivo y legislativo, eso sí, pasando por un arduo proceso que al día de hoy pudiésemos cuestionar, pues desde que dicha reforma fue implementada, no tenemos un antecedente de una solicitud de consulta popular que haya concluido como constitucionalmente válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Tan complejo es el procedimiento para llevar a cabo una consulta popular? En teoría, pudiésemos pensar que no, pero como veremos a continuación, hay señalamientos de la legislación federal de consulta popular que al ser ambiguos o no del todo claros, han derivado en que los temas que han sido planteados para el desarrollo de consultas se vean frenados en última instancia por el máximo órgano jurisdiccional de este país.

Y es que para que una consulta popular pueda verse materializada, la legislación en la materia solo admite 3 actores para que esta pueda ser accionada, correspondiendo a lo que establece el artículo 35 en su fracción VIII, numeral 1° de nuestra Constitución, estos son: el Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la ciudadanía en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

El supuesto que abordaremos, corresponde a la democracia directa teniendo como actores a los ciudadanos, en este hipotético el ciudadano debe dar aviso al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a lo que en consecuencia se emitirán los formatos respectivos para la obtención de las firmas, es aquí donde se deberá contar con el respaldo de 2% de las firmas ciudadanas, para que con posterioridad pase a ser revisado por el Instituto Nacional Electoral y el mismo avale dicho porcentaje; y como escalafón último, el asunto se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la validez y constitucionalidad del tema en cuestión y así, sea procedente la elaboración de la consulta en las siguientes elecciones federales, que, de realizarse con la participación del 40% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores el resultado se vuelve vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo federales.

Es así, que aunque pareciera un camino estrictamente estrecho, al día de hoy podemos vislumbrar que aún existen muchas trabas para que un tema llevado a consulta popular pueda ser aprobado y para prueba de esto, tenemos como precedentes las consultas referentes al salario mínimo, a la reforma energética y a la reducción de legisladores, mismas que, inclusive contaron con el apoyo de diversos entes políticos, sucumbiendo en la Suprema Corte, donde la misma consideró en su momento, se encuadraban dentro de los temas que no estaban sujetos a consulta popular.

Derivado de lo anterior podemos observar que México ha dado un gran avance con la implementación de la consulta popular abriendo la brecha para ser solicitada por la ciudadanía, sin embargo, tristemente podemos percatarnos que todavía existen muchas limitaciones al respecto, pues si bien, uno de los requisitos para desarrollar el tema que habrá de consultarse es que sea un tema de trascendencia nacional, esto es, que impacte y repercuta a una parte significativa de la población, deben establecerse con exactitud qué materias se encuentran permitidas y cuáles no forman parte de los temas permitidos para una consulta popular.

Y es que, finalmente, como podemos retomar de la experiencia con los temas mencionados y no consolidados en consulta popular, la falta de exactitud a la hora de delimitar las materias ha ocasionado el arduo trabajo de la ciudadanía siendo frenado en última instancia por la Corte al considerar el tema no apto para la consulta, por lo cual, es de fundamental importancia replantearnos la delimitación exacta y verdadera y presionar a nuestros legisladores para concretizar el asunto, así como para que la legislación federal de consulta popular sea más clara y con menos restricciones y; en segundo lugar, los ciudadanos conozcan sobre estos mecanismos y así cada vez más se puedan ir consolidando propuestas que sean llevadas a consulta popular, siendo en última instancia, el concretar la realización de la misma para una verdadera democracia directa en nuestro país.

Twitter: @Eliel_jms

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s