Por: Oscar Salazar

A dos años de la desaparición de un grupo de normalistas en Ayotzinapa seguimos esperando una resolución. Los 43 simbolizan la gran cantidad de muertos durante la presente administración. ¿Cuándo se podrá hacer justicia?

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, esta historia, penosamente en el caso mexicano se ha repetido en infinidad de ocasiones, el panorama es el siguiente; un gobierno corrupto, de compadrazgos, sin ningún interés por resolver las matanzas civiles orquestadas por el mismo estado ¿Cómo se van a solucionar los casos si el gobierno mexicano es juez y parte?

El lunes 26 de septiembre se cumplen 2 años, de la matanza de 43 normalistas de Ayotzinapa. Caso que ha puesto en tela de juicio la reputación del gobierno federal y de su competencia para resolver casos de esta magnitud.

Hace dos años, allá, lejos, en la sierra de Guerrero, un grupo de normalistas desaparecían sin dejar rastro. El gobierno federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha mostrado incapaz y sin el ánimo suficiente para resolver el problema. Pero ¿Qué capacidad tendría el gobierno de resolver este caso cuando está acostumbrado a no resolver nada?

Enumerar los crímenes del estado mexicano contra la sociedad, sería un trabajo para un libro, por cuestiones de espacio mencionaremos 3 de las más icónicas.

En Cananea, Sonora en 1906 se llevó a cabo una huelga por parte de los mineros inconformes con la empresa “Cananea Consolidated Copper Companny” por no otorgar sueldos igualitarios entre trabajadores mexicanos y estadunidenses, entre otras, la respuesta del gobierno porfirista fue a favor de la empresa estadounidense, por lo que los huelguistas fueron arrestados o asesinados.

El 2 de octubre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó asesinar, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, a los jóvenes revoltosos que estaban arruinando la fiesta olímpica. Aún se desconoce el número de estudiantes desaparecidos aquella noche

El 22 de diciembre de 1997, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en Acteal, Chiapas, eran asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares, durante la investigación se condenaron a 26 presuntos culpables, pero 12 años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaría 20 amparos a los indígenas que en su momento fueron identificados como los asesinos, porque encontraron que la Procuraduría General de la República (PGR) en aquel entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, había fabricado pruebas para inculpar a estas personas. Así 20 personas perdieron 12 años de su vida por el encubrimiento del estado, pues en ningún momento dudamos de la capacidad del mismo para solucionar estos casos, simplemente no se desea hacerlo.

Según los teóricos clásicos, el estado se constituyó para garantizar la supervivencia de las personas, sin embargo, en el caso mexicano la represión y no el diálogo es la forma de solucionar los problemas sociales, es por ello, que si el estado no es capaz de garantizar el fin para el que se constituyó podemos hablar de una crisis de estado o estado fallido.

El encargado de las investigaciones de los 43 normalistas Tomás Zerón fue ascendido a secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional pero ¿qué méritos tiene para ocupar dicho cargo? ¿O es acaso que la lealtad al presidente le valió el ser ascendido? ¿Por qué a los gobernantes no les duele la muerte de los ciudadanos? ¿Por qué ni un solo destapado para competir a la presidencia de la República ha dicho que medidas tomará en caso de que el crimen no sea resuelto en este sexenio?

La seguridad de cada uno de nosotros, debe de ser prioridad para los candidatos a cualquier puesto de elección popular. Esperemos que el caso de los 43 normalistas sea el último de la larga lista de crímenes de estado y que los verdaderos culpables paguen por sus delitos.

@ozzsalazar