Por Óscar Cuevas*

El contenido del post aborda de manera concisa y clara el tema de la concentración del poder en México y su impacto en la separación de poderes. 

El poder público en México está dividido en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La discusión de la separación de los poderes del Estado es añeja. Los autores demócratas ponen especial énfasis en la relación que existe entre el equilibrio de poderes y el estado democrático. Desde la tradición aristotélica de las tres formas de gobierno, hasta la propuesta contrademocrática de Pierre Rosanvallon, el equilibrio en las atribuciones, deberes y haceres de los públicos poderes es vital para el adecuado funcionamiento de la democracia y evitar el avasallamiento de un grupo numeroso al menos representado o al revés.

Sin embargo, en estos últimos cinco años, hemos vivido en México un esfuerzo consistente y sistemático por la acumulación del poder por parte del Ejecutivo. Más que el Ejecutivo como un todo, la concentración del poder político se ha instaurado en un individuo: Andrés Manuel López Obrador. El actual presidente de México ha logrado cooptar varios espacios vitales para el contrapeso democrático en México.

A nivel legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tiene una mayoría de su partido y aliados. A nivel ejecutivo, sus deseos son órdenes. Logró erosionar las opiniones y voluntades de su gabinete, siendo capaz de reducir a personas mucho más preparadas a meras cajas de resonancia, como son el caso de Claudia Sheinbaum o López-Gatell. Ahora la intentona está en el Poder Judicial, que ha logrado resistir los embates del ejecutivo. Sin embargo, de ganar Morena la Presidencia de la República, diciembre de 2024 será crucial para el destino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con el término del ministro Luis María Aguilar se abre la puerta para que el movimiento obradorista tenga 4 ministraturas afines.

Esto comprometería seriamente la independencia de la Corte y su legitimidad. Su independencia quedaría supeditada a las voliciones de Claudia Sheinbaum, mientras que su legitimidad se vería erosionada, pues sus decisiones no vendrían de las fuentes del derecho o del espíritu de la norma, sino de la voluntad de la jefa del Ejecutivo.

Los ataques al Poder Judicial violentan los valores fundacionales de la democracia y de la vida política en la que están construidas las relaciones del Estado Mexicano. Recordemos que la determinación institucional del poder, para que sea calificado como legítimo, se basa en que este se haya formado de conformidad con las normas que dan razón de ser al régimen y que se ejerza el poder de acuerdo con dichas normas.

El Poder Judicial es democrático si y solo si actúa con base en las normas instituidas para cuidar el equilibrio de poderes mediante un ejercicio del derecho imparcial, autónomo, transparente y expedito. La propuesta del presidente López Obrador que busca que los magistrados sean elegidos mediante el voto popular es una ocurrencia digna de autócratas.

*Director de la revista Órbita Política, maestro en Periodismo Político.