Por Óscar Cuevas

En este texto, el maestro Cuevas nos explica por qué es importante contar con órganos electorales confiables, que alimenten la legitimidad de los nuevos gobiernos emanados de las elecciones presidenciales mexicanas en 2024.

Hace unos días participé en una mesa de análisis sobre las elecciones presidenciales. Un representante del partido oficialista, Morena, mencionó sin empacho el principal problema de las elecciones es la ley y el principal enemigo de los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral (INE). Si bien es cierto que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han tenido episodios poco claros, como aquella discusión en donde el PVEM mantuvo el registro pese a su volición por faltar de manera constante a la ley, afirmar que las leyes en la materia y el INE son los principales enemigos en las próximas elecciones presidenciales me parece, por decir lo menos, poco afortunado.

Más allá de los dichos de este funcionario, lo que aportan tanto el INE como el TEPJF a las elecciones es su legitimidad. Para Bobbio, Matteucci y Pasquino (1981) la legitimidad es un atributo que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesaria la violencia por parte del Estado. En un sistema electoral como el mexicano, en donde carecemos del mecanismo de la segunda vuelta, el número de votos que obtiene un partido político y la certeza de que las elecciones ocurrieron bajo un clima en donde la equidad y la legitimidad de la contienda no se ponga en duda es fundamental.

Esto es lo que se pone en duda cada vez que el Presidente de la República, Elizabeth García Vilchis u otros funcionarios menores declaran que el árbitro y el tribunal electoral no realizan sus actividades apegadas a derecho. Más allá del margen de victoria que tenga la coalición o alianza en las próximas elecciones presidenciales de México, los reiterados denuestos contra los órganos electorales señalan que tanto el procedimiento por el que quien gane acceda al poder está viciado de origen, por lo que la legitimidad con la que puedan ejercer sus funciones estará severamente dañada.

Increpar sin pruebas a las autoridades electorales tiene una seria implicación para el proceso de legitimación del poder político. Hay por lo menos cinco consecuencias indeseables que estos ataques podrían traer: la primera es la pérdida de legitimidad de los gobiernos que resulten ganadores en las elecciones, la segunda es incrementar el nivel de abstinencia en las urnas, la tercera es incrementar la sospecha en las casillas no urbanas de la participación del crimen organizado en las elecciones, la cuarta es el decremento de la confianza en los órganos electorales y la quinta, el incremento de la desconfianza en el ejercicio del poder público.

Si bien las reformas constitucionales son deseables y necesarias para responder a los nuevos tiempos y solicitudes ciudadanas, es también toral mantener abiertos los canales de comunicación democráticos que permitan escuchar a todas las voces, no solamente a quienes hablan en favor y en los mismos términos que el oficialismo. El INE, como el TEPJF está formado por un personal profesional, leal, confiable; que necesita comunicar a la ciudadanía cómo se planea, organiza e implementa la participación de millones de personas en las jornadas electorales.

El papel de dichos organismos y de los observadores electorales internacionales en las próximas elecciones presidenciales serán primordiales para legitimar el proceso que se quiere denostar desde la silla presidencial y otros frentes.