Los colectivos y asociaciones civiles reunidas bajo la bandera #YoDefiendoElINE revisan la ruta que podría seguir Morena para buscar controlar el organismo autónomo. Revísala aquí.

Cientos de miles de mexicanos participamos en las marchas del 13 de noviembre en defensa de la
democracia y en contra de los intentos por destruir las instituciones electorales. Sesenta ciudades
participantes en las 32 entidades de la República, con aproximadamente un millón doscientos mil
participantes. Esta triunfante manifestación ciudadana debe impedir que se apruebe una iniciativa de
reforma constitucional retrógrada, y dar un nuevo impulso a las alianzas parlamentarias y políticas de
los partidos opositores al régimen.

A pesar de esta victoria, hay que ser conscientes de que sólo se ganó una batalla -no la guerra- frente
a quienes pretenden aniquilar nuestra democracia. Los retos por delante son muchos y demandarán
que la población se mantenga atenta y activa, para evitar que se concreten posibles intentos de revertir
lo logrado en nuestro proceso de transición democrática.

Un primer momento será observar que, efectivamente, se vote en contra y se deseche toda iniciativa
de reforma que intente afectar el funcionamiento e integración del Instituto Nacional Electoral (INE),
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de las estructuras locales
encargadas de los asuntos electorales.

El anuncio del Plan B por parte del gobierno federal, presenta claroscuros que vale la pena conocer
para detener un posible retroceso de nuestra democracia. Un primer punto es analizar y evaluar
posibles reformas a los criterios y mecanismos para la asignación de legisladores por el principio de
representación proporcional.

Si se pretende reducir la representación de las minorías o el incremento de la desproporción en el
reparto de curules respecto de la votación lograda, ello debe hacerse público y demandar de los
representantes de los partidos opositores que utilicen los medios a su alcance para mantener los
términos vigentes, o que se dé un cambio sólo si no supone la disminución de la presencia de las
minorías en las cámaras federales.

Por otra parte, consideramos importante que los legisladores no realicen actividades de proselitismo
abierto usando como pretexto su posición constitucional.

Una posible afectación a la estructura orgánica del INE no debiera suponer que se eliminen
indiscriminadamente áreas que cumplen funciones sustantivas legalmente conferidas a este
organismo, ni ser motivo para una arbitraria reducción de recursos para su operación. De ninguna
manera se debe aceptar que se ponga en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades asignadas
al INE.

La eventual reforma que plantea establecer que en las consultas populares se instale la misma
cantidad de casillas que en las elecciones ordinarias, si fuera el caso, tendrá que haber garantías para
que se entreguen al Instituto los recursos necesarios para su realización.
Otro momento en el que hay que estar atentos es cuando se realice el procedimiento para la elección
de quienes ocuparán las cuatro consejerías del órgano superior del INE, que quedarán vacantes a
principios del año próximo, entre ellas la presidencia.

Debemos exigir que en el proceso de selección de quienes integren las quintetas y en la votación del
pleno de la Cámara de Diputados, se aplique el criterio de máxima pluralidad. No aceptamos que el
partido gobernante y sus aliados controlen dicho proceso, porque ello sesgaría por completo los
nombramientos.

De igual manera, es pertinente observar que la ciudadanía interesada que cumpla los requisitos
formales para participar directa y activamente en el proceso, no tengan obstáculos para hacerlo.
Vigilaremos que los responsables de llevar a cabo el proceso actúen de forma equitativa y con estricto
apego a los principios de transparencia e imparcialidad.

Sólo con la amplia participación ciudadana en la vigilancia puntual de los momentos de definición de
las normas y acciones políticas, se podrán salvaguardar las instituciones de nuestra democracia que
tanto trabajo nos ha costado construir.

Es de suma importancia considerar que para que la participación ciudadana se fortalezca y se amplíe,
se deben impulsar mejores niveles de coordinación y corresponsabilidad, propiciando acuerdos y
consensos con el mayor respaldo de los actores sociales y políticos, donde todos se sientan parte de
las acciones políticas a emprender.

Finalmente, hacemos un llamado para que el día de la sesión en que la Cámara de Diputados
vote el proyecto de decreto respectivo en materia electoral, sea constitucional o de leyes
secundarias, nos demos cita en el Palacio de San Lázaro para hacer acto de presencia con una
amplia manifestación ciudadana, en rechazo a las intentonas de desaparecer o debilitar a los
órganos electorales autónomos.

23 de noviembre de 2022

Ángeles Camacho Miguel (Activista Social), Alejandro Colina Fajardo (Escritor), Pedro Arturo Aguirre (Escritor),
Joselín Fernández (Empresaria), José Fernández Santillán (Académico), Mario Di Costanzo (Economista),
María Cristina Tamariz (Académica), Fernando García Ramírez (Escritor y Editor), Rogelio Villarreal (Periodista
y Promotor Cultural), Rosa María de la Peña (#CiudadanosEnActivo QRoo), Gustavo Hirales Morán (Escritor),
Pablo Javier Becerra Chávez (Académico), Violeta Vázquez Osorno (Bióloga), Santiago Portilla (Historiador),
Clemente Velázquez Medellín (Exalcalde Guadalupe, Zac.), Maximino Hernández Hernández (Profesor), Esther
López Portillo (Educadora), Ricardo de la Peña Mena (Demoscopo), Gustavo Loa Carbajal (Activista Social),
Fernando Carrillo (Consultor), Antonio González Luna (Comunicólogo), Mirian Mejía Hernández (Secretaria
General. Mercado Martínez de la Torre 7), Carlos Arturo Baños (Periodista), Oscar Cuevas Sánchez (Analista
Político), Sergio Vallejos (Empresario), Víctor León (Abogado Electoral), René Manuel Delgado (Académico),
Héctor Bautista Mayren (Activista Social), Luis Fernando Ávila Sainos (Asesor. Grupo Quetzalcóatl
Comerciantes en vía Pública), Carlos Iñiguez (Comunicólogo), Alfonso Javier Ramos Romo (Economista),
Carlos Plata González (Presidente Campeche Libre A.C.), Irma de la Cruz (Periodista), Alejandro Arias
(Jubilado), Hugo Esteve Díaz (Escritor), Carlos Arturo Mayoral (Abogado), Ángel Jaramillo (Analista y Escritor)
Arturo Rodríguez (Locutor), Felipe de Jesús Roura Castilla (Economista), José Ramón López Rubí (Politólogo),
(Ciro Mayén Mayén (Consultor Económico y Político), Miguel Ángel Cuaya (Presidente de Trascendencia AC),
e Ignacio Pinacho Ramírez (Integrante del Frente Cívico Nacional)