Hablar sobre el caso #Ayotzinapa es tan penoso y desalentador pues demuestra que el sistema judicial mexicano no está capacitado para salvaguardar la integridad de sus habitantes. A estas alturas tantos expertos, tantos análisis, tantas pruebas y no se ha solucionado nada. Pero el problema parte de la ilegitimidad que siempre ha tenido el sistema judicial en el estado de#Guerrero.

El estado de Guerrero en el nombre, lleva la penitencia, aunque no siempre fue así, el estado vivió sus años dorados en las décadas de los 40´s hasta los 70´s las playas de Acapulco recibían políticos y artistas nacionales e internacionales. Pero durante la década de los años 80´s y principios de los 90´s los habitantes de la zona de la Montaña y la Costa Chica vivieron una etapa de violencia que los orilló a crear el Sistema de Seguridad, Justica y Reeducación Comunitaria.

Estos hechos dieron paso a la creación de las Policías Comunitarias en el año de 1995 para recorrer los caminos y pueblos de las zonas en conflicto. En 1998 surge la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias ( #CRAC) la cual está legitimada para sancionar a infractores. Los presuntos delincuentes, una vez que surge la #CRAC, ya no son trasladados al Ministerio Público por la falta de confianza que le tienen los habitantes de la zona.

La vida de los pueblos indígenas de la Montaña está marcada por la marginación, la represión, la falta de acceso a la justicia y los conflictos políticos y agrarios. La militarización, el narcotráfico y los grupos armados son tres realidades inocultables en la región de la Costa-Montaña, donde el Ejercito frecuentemente se impone como la autoridad que asume el control policiaco y militar (

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El estado de Guerrero penosamente ha estado en la agenda nacional e internacional por crímenes en contra de civiles. Suponiendo que este problema “surgió” en los 80´s ¿por qué en estos treinta años el sistema político mexicano no ha logrado poner fin al conflicto en la zona?

Bajo la lógica Weberiana de Estado, el Estado Mexicano actuó de forma correcta al desarmar a las comunitarios, sin embargo, al aceptar esta medida entramos en un conflicto dialéctico, por un lado el Estado es el único que está legitimado para utilizar la violencia (situación que sea vuelto casi un ideal, soñar con que solo el estado ejerza coerción) y por el otro la realidad nos dice que las autoridades no son capaces de implementar políticas públicas que fomenten el crecimiento de las comunidades rurales y con ello el de las personas que viven en ellas.

La #CRAC, #Ayotzinapan, Guerreros unidos, Los rojos, la decadencia del puerto de Acapulco, son ejemplos que nos hacen preguntarnos ¿Dónde están las autoridades?

El sistema pasa por un clima de ilegitimidad, es decir, la población no confía en sus representantes en el Congreso, no confía en las fuerzas del orden, no confía en las Instituciones del Estado que son las encargadas de trascender a los hombres para volverse pilares que sostengan y administren las demandas sociales. En el año de 1994 con la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional ( #EZLN) ya se hacía urgente la aplicación de políticas públicas incluyentes en las comunidades indígenas del país.

El deterioro social corresponde a la falta de oportunidades para acceder a un modo siquiera decoroso de vida. La falta de legitimidad y la nula capacidad para solventar demandas se traducirán en crisis de gobernabilidad que a la postre llevará a una crisis de Estado, pues el mismo ya no garantiza la vida de sus pobladores, fin por el cual fue constituido.

Por Óscar Salazar

@ozzsalazar