Durante los pasados meses la reforma energética ha sido un tema de discusión en diversos espacios. En varios foros se han discutido sus impactos financieros, políticos, sociales y laborales; pero pareciera ser que la decisión ya había sido tomada: la reforma energética se ha convertido en realidad. Y con ella, una de las tecnologías de extracción de crudo más peligrosa: la fractura hidráulica.
El 12 de noviembre de 2013, el foro “El Gas, una oportunidad para todos los mexicanos” era inaugurado con un mensaje de bienvenida por parte del Mtro. Antonio Bernal Gutiérrez, quien afirmaba que dentro de las discusiones sobre la reforma energética se buscaban responder cuatro preguntas importantes: ¿qué modelo le sirve a México para ser una potencia energética?, ¿cómo hacer una política integral?, ¿cuál es el mejor modelo? Y ¿cómo beneficiar a las comunidades?
Me atrevería a afirmar que la reforma energética no es, ni de cerca, la mejor solución, ni ayudará a México a ser una potencia energética, ni tampoco es una política integral, puesto que no fortalecerá la presencia municipal, ni generará empleos ni infraestructura. No es pues el mejor modelo y ciertamente no es una reforma que beneficia a las comunidades.
El lunes 4 de agosto del presente año (2014), el doctor Juan Manuel Rodríguez Martínez, especialista en el tema, comentó durante el seminario “Fracking: efectos ambientales y sociales” que México tiene muchas dificultades, como “la falta de experiencia al respecto, ya que para el desarrollo de este sector se requiere infraestructura, seguridad, fuerza laboral competitiva y especializada, como químicos, geólogos, entre otros, que tendrán que venir del extranjero. Esto se traduce en pocos empleos para mexicanos y gente de la zona.”
El también encargado del área de geohidreología y geofísica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que uno de los efectos secundarios son los temblores, como el sucedido en Oklahoma en 2011, que tuvo una escala de 5.0 grados Richter y que provocó más de 1000 réplicas, incluyendo el famoso “terremoto cinco punto siete”. Una situación similar ocurre en Holanda, en donde el gobierno le ha pedido a la empresa Groningen reducir su producción ante el aumento de actividad sísmica.
Se ha señalado también que el uso del agua durante el proceso resulta excesivo (9-29 millones de litros por pozo). También se ha dicho que el agua presenta una contaminación, tanto a nivel subterráneo como superficial, debido a la filtración de la mezcla (vía de regreso) y al mal manejo de aguas de retorno. Situación que provoca escasez de agua y caída en la producción agrícola, como ocurrió en Barnett, Tejas, donde pasó de representar el 61% de la actividad local durante el primer año, a un 15% para el quinto año.
Otro de los factores, que si bien no se ha comprobado (gracias al criterio de secreto industrial que protege la mezcla), es el riesgo a la salud de los trabajadores y pobladores; que puede llegar a afectar en un 75% a la piel, ojos y el sistema respiratorio; de un 40 a 50% del cerebro y el sistema nervioso; y puede tener la posibilidad de un 25% de desarrollar cáncer.
Esta técnica, según la organización No-fracking en México, contraviene el derecho humano al agua, puesto que el vital líquido situado en “zonas de fracking” no cumple con los criterios de suficiencia, seguridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad.
La implementación de la fractura hidráulica es una violación a los derechos fundamentales, puesto que el secreto industrial transgrede el libre acceso a la información; la explotación del agua pone en duda el libre acceso al vital líquido; se opone al derecho a una vivienda debido a las condiciones de habitabilidad; y al derecho a un trabajo digno, puesto que la volatilidad productiva de los pozos no garantiza la estabilidad laboral, ni las condiciones de higiene y seguridad, lo que provoca unas condiciones de trabajo desfavorables y un salario poco competitivo.
Así pues, la aprobación de la reforma energética es, de hecho, una contrarreforma que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Un acto político que evidencia la falta de democracia por el pueblo y para el pueblo. Es la materialización de un retroceso histórico, un acto falto de crítica y deliberación política en donde los intereses de unos se sobreponen a las garantías de todos los demás.
Por Óscar Cuevas
Texto publicado en