Por Jackeline Nguyen

#LoQueEs

En México se desconoce qué está pasando con las personas desaparecidas. Primero que nada, no se cuenta, ni siquiera, con una cifra exacta.  Se habla de un padrón histórico de 130,000 personas registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Bases independientes y del mismo Registro Nacional apuntan a que existe un incremento en los últimos años; sin embargo, al momento no hay cómo validar la información. Y si no se conoce el problema exacto, se genera un vacío enorme en procuración de justicia, políticas públicas y derechos humanos.

#LoQueSucede

Si una persona desaparece, se activa un Protocolo de Actuación establecido en la Ley General en Materia de Desaparición y en lineamientos de las Fiscalías y Comisiones de Búsqueda que, enlistado se resume a:

1. Denuncia inmediata que se realiza en el Ministerio Público que pertenece a la Fiscalía General de Justicia.
2. Activación de protocolos de búsqueda como la Alerta Amber, Alba, entre otros.
3. Se inscribe al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) donde se genera una ficha oficial de búsqueda para que la Ciudadanía contribuya a su localización.
4. Hay participación de la familia para brindar información, fotos, prendas, etc. , que contribuyan a la búsqueda general.
5. Se lanzan medidas urgentes como solicitar que se revisen cámaras de videovigilancia al C5, C2, privadas…
6. La Comisión Local y Nacional de Búsqueda realiza brigadas en campo, búsquedas en vida y forenses.
7.  Existe un acompañamiento y derechos que se basan en brindar información a los familiares y atención psicológica, entre otros…
8. Se crea una alerta en contactos clave como el 911, en el Locatel, Fiscalía y demás entes gubernamentales.

Nuestras autoridades siguen al pie de la letra los protocolos y hasta aquí, toda la búsqueda parece ir bien; sin embargo, ¿Qué hacer si las personas desaparecidas, presuntamente, han sido víctimas del crimen organizado, narcotráfico, secuestro, trata, tráfico de armas, corrupción de menores, lavado de dinero, etc.?

El Estado mexicano reconoce oficialmente al crimen organizado, bajo el concepto jurídico de delincuencia organizada, con leyes, fiscalías y protocolos específicos para combatirlo; sin embargo, en este caso de desapariciones primero se tendría que comprobar que hay indicios de que el crimen organizado está implicado y en este sentido, se corre el riesgo de culpar a la víctima.

De tal manera que, la falta de pruebas inmediatas, son un obstáculo para activar este otro tipo de protocolos. Al inicio solo se sabe que alguien no regresó a casa, pero no hay elementos para afirmar oficialmente que lo tomó un cártel.

En cuestión de competencias, si se sospecha de crimen organizado, el caso debería ir a la FGR, pero muchas fiscalías estatales no lo turnan o tardan y sería casi imposible turnar, sin pruebas.

Mientras que la búsqueda, es una acción urgente y humanitaria, centrada en encontrar a la persona viva o no, una investigación criminal busca determinar quién es responsable y qué tipo de delito; por ejemplo, si es crimen organizado, secuestro, trata, entre otros.

Finalmente, la búsqueda de una persona desaparecida que pudo caer en un acantilado o bien pudo ser levantada, secuestrada, etc. Es limitada a lo administrativo como boletines, fichas, recorridos en hospitales y cárceles, sin necesariamente atacar a los responsables.

Usualmente las familias presionan porque saben que detrás puede haber crimen organizado, pero las autoridades suelen evitar esa etiqueta hasta que la investigación lo confirme y cómo realizar una investigación si no hay indicios o pruebas, como bien lo he expuesto…

#EnConclusión

La crisis de desapariciones en México evidencia que las acciones actuales, muchas veces reducidas a trámites administrativos y fichas de búsqueda, resultan insuficientes. Es indispensable que existan leyes y políticas públicas integrales que garanticen no solo el registro, sino la localización efectiva de las personas desaparecidas. Esto implica coordinación real entre fiscalías, comisiones de búsqueda, fuerzas de seguridad y organismos de derechos humanos, con recursos adecuados y protocolos que combinen investigación criminal y atención humanitaria.

Solo así se podrá superar la simulación burocrática y responder con eficacia a las familias, devolviendo confianza en las instituciones y enfrentando de manera estructural la violencia y la impunidad.

Abrir los ojos y aceptar el problema, es el primer paso…

#UnoDeMuchosCasos

El Odontólogo, Luis Oscar Ayala García salió hacer ejercicio al Pico del Águila ubicado en el Ajusco y ya no bajó de la montaña. Se activaron el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, según declaraciones de su mamá ante medios de comunicación y a 17 días de su desaparición, no se tiene rastro alguno más que, del último lugar donde estuvo en la montaña.

Dos meses antes, Ana Amelí García Gámez subió al mismo lugar, y ya no bajó. Al momento, según datos de la Revista Animal Político, no se cuenta con una línea de investigación clara sobre su paradero y existen 300 horas de videograbación que tienen las autoridades que tampoco han dado resultados.

A inicios de septiembre se denunció la desaparición de María Isabella Orozco Lozano de 16 años, en la colonia San Miguel Xicalco en la misma Alcaldía de Tlalpan de quien no se sabe más información.