Por Mtro. Óscar Cuevas

La elección de personas juzgadoras para ocupar distintos cargos en el Poder Judicial resultó un fiasco. Con menos casillas y una raquítica participación del 13%, la elección deja serias lecciones para un sistema democrático que se aproxima más al autoritarismo.

El concepto de legitimidad es uno de los más complejos de la Ciencia Política. Un significado simple, cotidiano, de la legitimidad, está directamente ligado con la racionalidad de una decisión, ya sea en lo individual o en lo colectivo. En el lenguaje político, la legitimidad se relaciona con el grado de consenso que la población otorga a la toma de decisiones de un cierto ente político. Por ello, el Estado trata de obtener un cierto nivel de consenso para dar legitimidad a su toma de decisiones sobre un determinado tema. La legitimidad es el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal.

Hablando sobre las elecciones, la legitimidad se encuentra relacionada, entre otras cosas, con el nivel de participación ciudadana en los comicios. Se parte de la hipótesis simplista de que si la gente vota por x o y candidatura, está respaldando su proyecto político. En el caso de la elección de personas juzgadoras, de un padrón de cerca de 100 millones de personas, solamente el 13% acudió a las urnas. ¿Podemos decir que quienes resulten ganadores y ganadoras, cuentan con la suficiente legitimidad para representar a la ciudadanía en los distintos cargos del Poder Judicial?

Si casi 9 de 10 personas no fueron a votar, ¿en qué respaldan su elección al cargo? También hemos sido testigos de la complejidad del proceso. Medios reportaban el día de ayer que las personas votantes tardaron entre 10 y 30 minutos al ejercer su derecho al voto. A este dicho habría que agregar que personas dedicadas a la vida pública, como López Obrador, Alfonso Durazo o Índira Vizcaíno tardaron 10 o 15 minutos en las urnas.

Es decir, para una persona especializada en elecciones y votaciones públicas, la papeleta representó un cierto grado de complejidad. ¿Qué podemos esperar en el caso de los primeros votantes o en el caso de las personas adultas mayores con debilidad visual? Uno de los testimonios recopilados en medios de información nacional comentó el haber dedicado toda una semana para entender cómo votar el domingo. Todavía con esa información, tardó 15 minutos en ejercer su derecho. ¿Qué hubiera pasado si la participación fuese cuantiosa?

Volviendo al concepto de legitimidad. La participación estimada de un 13% pone en evidencia que no existe un diálogo entre el régimen político y la comunidad política mexicana. El pretexto del morenismo para impulsar la Reforma al Poder Judicial es el mandato que, según ellos, les permite impulsar cualquier acción que se encuentre en su Plan de Gobierno. Esta falacia de generalidad quedó demostrada el día de ayer, en donde quienes votaron por Morena no respaldaron la elección de personas juzgadoras por voto popular. El ejercicio demoscópico realizado por GEA-ISA señaló que, de quienes votaron, solamente el 11% lo hicieron para respaldar la Reforma Judicial impulsada por Morena.

Esa misma encuesta de salida muestra que el principal motivo para acudir a las urnas fue el cumplir con un deber cívico (46%), seguido de apoyar a la 4T (17%) y apoyar a la Reforma (11%). Estos dos últimos porcentajes podrían confirmar la presencia de un voto corporativo de Morena en la elección de ayer. Del otro lado, quienes no acudieron a votar dijeron que su razón principal fue que la elección era una farsa (21%), no le importaban estas elecciones (18%) y no tenía información suficiente para votar de manera informada (15%).

Otro indicativo del movimiento partidista que nos arrojan los resultados de GEA-ISA, es que el 67% de quienes sí votaron están identificados con la coalición oficial y solamente el 12% de quienes votaron no tienen una identificación política definida. Es decir, la ciudadanía que no tiene una identificación partidista no acudió a votar.

Para el INE hay importantes lecciones. De entrada, será importante contar con el presupuesto necesario para dar a la ciudadanía una organización de excelencia, como se hacía en las épocas de Lorenzo Córdova. Será fundamental cambiar las reglas del juego para dotar de cancha pareja a todas las candidaturas en todos los niveles, pues resultó evidente que, aquellas personas juzgadoras con lazos con el oficialismo, jugaron con el terreno a su favor.

Un filtro adecuado de las candidaturas será necesario por parte de los árbitros electorales, pues el Congreso demostró su incapacidad para hacerlo. El involucramiento de la ciudadanía en el conteo de los votos y la eliminación de las urnas sobrantes serán elementos fundamentales para darle mayor legitimidad al proceso. El involucramiento del Ejército en el resguardo del traslado de las urnas y la presencia de notarías públicas cuando sea necesario, también serían elementos que sumarían más certeza al proceso del cuidado de los votos.

La difusión de los perfiles y del adecuado uso del voto en las complejas papeletas será otro elemento que tendrá que modificar el INE para 2027. La invención de una manera atractiva para organizar debates será fundamental para que las personas votantes puedan conocer a las candidaturas. La primera prueba de fuego para el INE de Taddei tuvo pésimos resultados, es la elección con menor participación desde la alternancia.

Cuando las elecciones carecen de legitimidad, el respaldo de la ciudadanía a los ganadores es menor, comprometiendo seriamente la confianza en las instituciones que de ellas dimanen. Por lo pronto, tanto las personas legisladoras como el INE tendrán la relevante tarea de realizar reflexiones sobre cómo apuntalar este fracasado proceso. ¿Seguir por la misma ruta o llamar a un debate público incluyente en donde sí se logre una reforma del poder judicial sin la parafernalia de una farsa electoral?