Por Nacho Pinacho

Nos invita en este texto a pensar qué sigue después de la elección de personas juzgadoras y qué puede hacer la sociedad civil para impulsar nuevos espacios de participación política.

Para cerrar el tema de la «elección» del poder judicial, me permito compartir estas breves reflexiones y propuestas:
1. No fue una elección, porque se votó por una lista de nombres previamente armada por el gobierno, a través de sus legisladores. Así hubiesen votado el uno o el cincuenta por ciento, para el caso era lo mismo: validar legalmente la apropiación del poder judicial por parte del grupo en el poder. Fue una operación de estado para asaltar otro poder del estado.
2. Con este asalto se culmina el propósito fundamental del llamado plan C: la instauración de un régimen autoritario, una nueva dictadura perfecta, perfeccionada.
3. Una dictadura sui géneris, un híbrido de poder civil con militar; que te deja que le mientes la madre, pero que te censura y te descalifica porque piensas distinto; un régimen donde no existe la clásica represión sobre los movimientos, pero que los asfixia cortándole toda posibilidad de gestión; una dictadura que dice respetar el pluralismo pero a diario descalifica a la oposición; una dictadura que no toma por asalto instalaciones de periódicos, pero que deja en la zozobra a los periodistas y que diariamente descalifica desde sus mañaneras a quienes se atreven a criticarlo, el régimen quiere que los medios y periodistas se sujeten a sus designios; una dictadura que usa los ropajes y el discurso de la democracia y el pueblo para engañar y martillar la mente de los fanáticos y de los débiles.
4. ¿Qué sigue? Me parece que, en congruencia con los llamados que hicimos a no ser cómplices de la farsa electoral del «nuevo» poder judicial, deberíamos desconocer a dicho poder, un poder que no es legítimo en la medida que el respaldo social obtenido el 1 de junio fue minoritario, frente al 90 por ciento que les dijo no. Un poder que fue votado esencialmente por los correligionarios de la alianza en el poder.
A la par, debemos pugnar por una profunda reforma republicana al poder judicial «electo» porque, seguramente, en el corto plazo saldrán a relucir sus debilidades, incongruencias, su lealtad al partido en el poder y su falta de profesionalismo.
La restauración de la república, de un México nuevo, será nuestra gran tarea de ahora en adelante.
5. Tenemos que recurrir a diversos medios e instrumentos de participación: intensificar los medios de comunicación con la sociedad, emplazar a los partidos opositores a que cumplan coherentemente con sus cometidos, organizar y crear un sin fin de organizaciones de la sociedad civil y prepararnos adecuadamente para las próximas contiendas callejeras y electorales.
6. Participar más. Quienes participamos desde la sociedad civil, además de impulsar distintas formas de participación ciudadana, explorar con mayor ahínco e imaginación, candidaturas independientes a distintos puestos de elección popular.
7. Candidaturas independientes. En ese temor, me parece apremiante crear las condiciones y la estrategia adecuadas para el impulso de una candidatura independiente a la presidencia de la república para el 2030. Una candidatura independiente que vaya más allá del voto duro de los partidos, una candidatura que sea capaz de provocar y despertar la participación de la ciudadanía que no suele votar, una candidatura que rompa con los cánones discursivos del grupo en el poder, una candidatura que ponga los temas y problemas del país a debate sin medias tintas.
8. No es tarea sencilla, pero no imposible. Es viable y necesaria, sin duda.

Este texto representa exclusivamente el punto de vista de su autor.