Por Óscar Cuevas, maestro en Periodismo Político

La calidad democrática es una de las principales categorías para conocer si un país escucha a su ciudadanía o no. Otra categoría importante es el equilibrio de poderes que existe dentro de una nación. Una más es la legitimidad con la que las candidaturas a puestos de elección popular llegan a los cargos. Finalmente, la legalidad es fundamental para dotar a los poderes públicos de confianza en su diario actuar. Estas categorías son las que se discuten en el “Plan B” presentado por el presidente López Obrador.

Si bien las modificaciones al marco legal son fundamentales para que las sociedades democráticas mantengan el paso ante los cambios sociales, el proceso de reflexión, diálogo y síntesis son necesarios para realizar transformaciones de gran calado. En este sentido, tanto integrantes de la sociedad civil, como de partidos políticos, academia, asociaciones civiles, think tanks y observatorios ciudadanos han señalado que los grupos parlamentarios de Morena en el Poder Legislativo han rechazado la discusión abierta de la propuesta.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los consejeros Ciro Murayama, Marco Baños y el consejero presidente Lorenzo Córdova han señalado que, si bien las reglas dentro de las campañas electorales son perfectibles, el tiempo y la manera en cómo se están queriendo aplicar dichas modificaciones no han respetado los procedimientos democráticos para su discusión. Señalan, entre otras cosas, que la aplicación de las nuevas reglas electorales en las elecciones presidenciales atentaría contra la equidad de la contienda, la legitimidad de los comicios y la confianza hacia los gobiernos entrantes en los tres niveles de gobierno.

Reducir los tiempos de capacitación a las y los funcionarios de casilla, como lo contempla el Plan B, puede afectar seriamente procesos electorales futuros, dicen supervisores y capacitadores del INE que participan en la elección extraordinaria para una senaduría de Tamaulipas. https://t.co/pHMBzntlMQ

— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 19, 2023

A nivel operativo, el INE ha señalado que los recortes presupuestales propuestos en el “Plan B” implicarían la desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), que tendría una repercusión directa con la calidad con la que se organizan las elecciones, pues las funciones que antes realizaban diversos funcionarios ahora estarían recayendo en solamente una persona, lo que tendría como resultado un incremento en los errores humanos.

A nivel constitucional, este recorte estaría afectando directamente a la plantilla del INE. La propuesta morenista contradice lo mandatado en el artículo 41, Base V, apartado A, donde ordena que los órganos ejecutivos y técnicos del INE “contarán con personal técnico capacitado necesario”. Luis Miguel Riorda, ex consejero del INE Guanajuato, afirmó que la dimensión del recorte de personal es enorme: de las 2,571 plazas que conforman actualmente el SPEN, se pretende conservar sólo a 396, un 15.4%, la séptima parte.

Además de la reducción del SPEN, la reforma plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sea la encargada de validar la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y permita el voto con pasaporte o cédula consular; lo que restaría valor jurídico a la credencial de elector y violaría la autonomía del INE.

Otra modificación importante que afecta a la legalidad y legitimidad de los comicios es que el conteo de los cómputos distritales comiencen el mismo día, pues no elimina el PREP, lo que duplicaría el sistema de conteo, lo que no reduce los costos en los procesos. Según el árbitro electoral, comenzar el conteo de los cómputos distritales el mismo día reduce los procesos de transparencia y certeza, incrementando las impugnaciones. Adicionalmente, el acta única por elección podría incrementar en un 60% los errores, haciendo el proceso de revisión más complejo y lento, pues no se contaría con el personal capacitado del SPEN.

Sobre la equidad en la contienda, la Constitución mandata que toda propaganda documental debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada Electoral. Las excepciones son salud, educación y protección civil. La reforma plantea que, en uso de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, estos puedan manifestarse libremente durante las contiendas electorales, lo que favorecería a los partidos políticos que tuvieran representantes públicos.

La reforma atenta contra la legitimidad de los poderes públicos, pues elimina la atribución del INE de cancelar el registro a alguna persona precandidata o candidata en caso de no rendir el informe de campaña o de que se rebase el tope establecido, lo que nuevamente vulnera la equidad en la contienda y abre la puerta a la opacidad en el ejercicio del gasto, pues trastoca el modelo de fiscalización del INE.

Además de lo ya mencionado, la reforma perjudica directamente a la diversidad. Primero, con la desaparición de los OPLES se apuesta por el centralismo político, olvidando las problemáticas locales y a los sistemas normativos internos (de usos y costumbres). Además, colectivos como Mujeres en Plural destacaron que las autoridades electorales no podrán intervenir en el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas y dirigencias partidistas, así como en la emisión de reglas para garantizar dicho principio, quedando así a disposición de cada partido el cumplimiento de la paridad, pues así quedó expuesto en la adición del Artículo 111 Bis.

Zedillo Ortega, en un texto para Gatopardo afirma que la propuesta legislativa es que los partidos reserven mínimo 25 candidaturas a diputaciones (del total de 500) para la gente joven, afromexicana, indígena, con discapacidad, LGBTI y residente en el extranjero. A pesar de parecer progresista, esta medida implicaría graves pérdidas, pues el INE ha impulsado que el mínimo de candidaturas para estos grupos hoy sea mayor.

Finalmente, se espera que la reforma electoral sea uno de los cuerpos legales más impugnados en México. Tanto el INE como otros organismos pertenecientes a la sociedad civil han anunciado que implementarán una ruta legal para “tirar la reforma”. Se espera también que los integrantes del SPEN que sean despedidos, recurran a la vía legal ante el despido injustificado que enfrentarían.

Más allá de los discursos antagónicos, basados en falacias, sería importante revisar a profundidad las modificaciones propuestas. Si bien es necesario reducir el andamiaje institucional del INE, resulta fundamental hacerlo sin afectar la autonomía e independencia del organismo para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos.