Por Óscar Cuevas

La Asamblea Constituyente tuvo como reto principal el escapar a la historia, y es que, a lo largo del tiempo se han extendido varios intentos de configurar las relaciones entre gobernantes y gobernados a través de las constituciones. Aquellos proyectos políticos han estado siempre basados en las mejores intenciones y más avanzadas teorías. Inclusive, la Carta Magna de nuestro país está considerada como un instrumento legal de avanzada, como un orgullo legislativo.

A pesar de ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha podido garantizar por sí misma el cumplimiento de sus mandatos. Ingenuo sería pensar que así fuese. Y es que para que una Constitución funcione debe estar apoyada en un sinnúmero de mecanismos y procedimientos que sustenten las principales nociones que se derivan del fundamental instrumento.

Uno de los problemas fundamentales que vive (y ha vivido) nuestro país en la actualidad es la corrupción[1]. Que, aunado a la nula credibilidad[2] que tienen tanto los partidos políticos como la clase política hacen muy complicado el ejercicio del poder en términos de legitimidad y rendición de cuentas. Situación que a su vez dificulta la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan sus localidades.

Los diferentes niveles de gobierno sufren de un déficit de confianza que, al parecer, se han ganado con el paso del tiempo. Son pocos quienes han logrado salvarse de la reputación de transas y vividores que tienen la mayor parte de personas servidoras públicas. En su más reciente visita, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país.[3]

Era por ello de vital importancia que quienes estuvieron encargados y encargadas de escribir la Constitución Política de la Ciudad de México lograsen encontrar contrapesos y reglamentos que garanticen el honesto y eficiente uso del poder público. La combinación ética-política es esencial porque, si bien la política delibera sobre lo que es mejor o nocivo para el Estado, la ética modera los deseos de los hombres preocupándose por el bien general[4]. Es por ello que el combate a la corrupción y la rendición de cuentas eran temas fundamentales a abordar durante la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Contrariamente a la función principal del legislador, numerosos diputados y senadores han dejado de representar los intereses de los ciudadanos, sustituyéndolos por los de su partido o por los de algún grupo económico que, o bien les respaldó siendo candidatos o bien remunera sus servicios para defender sus intereses en el recinto legislativo[5].

La política sucia ha ido aumentando considerablemente con el paso de los años, las razones podrían ser por lo menos tres: la pérdida de la ética del servicio público, la segunda es la falta de mecanismos de control y vigilancia sobre la circulación del dinero, y la tercera es que el costo de la política cada vez se ha incrementado más.

Por ello, en la hechura de la Constitución Política de la Ciudad de México debieron haberse implementado el combate a la corrupción a través de la implementación de una ética en el servicio público, una mayor vigilancia y transparencia sobre el destino de los dineros y una reducción de los costos, tanto en las elecciones locales, como en el ejercicio público del día a día.

Para que la Constitución funcione adecuadamente, quienes fueron elegidos o designados,  deben hacer un profundo ejercicio de análisis e investigación para encontrar cuáles son las falencias con las que cuentan las actuales normas que rigen al Distrito Federal; con la intención de evitar que el proceso de la hechura constitucional sea incapaz de resolver tales faltas y más aún, las conserve cuando se dé a luz a la Norma Primera.

Históricamente, los estadistas mexicanos han sido incapaces de crear un instrumento que responda a las necesidades nacionales y locales. Comonfort escribía, después del triunfo de la Revolución de Ayutla: no se necesita más que dirigir una ojeada sobre la actualidad para reconocer que la República es un edificio de arena que por todas partes amenaza desmoronarse[6].

La desazón era compartida por otros hombres de su tiempo. Reflejaba la derrota de quienes habían soñado un mejor Méjico. Como Alejandro de Humbolt, pensaban que un gobierno ilustrado en los verdaderos intereses de la humanidad podrá propagar las luces y la instrucción[7].

Desafortunadamente, los constituyentes, una vez más, cometieron un error histórico, haciendo de la Constitución no una norma primera sino una carta de buenas intenciones.

@CuevasO33

[1] Ver más en http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4871

[2] Encuesta realizada por Parametría en Julio y Agosto de 2015. Más información en el siguiente enlace http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4815

[3] CIDH, Comunicado de Prensa No. 112/15 consultado el 30 de enero de 2016 en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp

[4] Diego Bautista, Osca. Ética para Gobernar. Senado de la República, LXII Legislatura. México. 2013. Pág. 47

[5] Diego Bautista, Osca. Ética para Gobernar. Senado de la República, LXII Legislatura. México. 2013. Pág. 452

[6] Carta de Ignacio Comonfort a Manuel Doblado, 19 de noviembre de 1855, en Los gobiernos de Álvarez y Comonfort según el archivo general Doblado, Genaro García, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México. México., Porrúa. 1974. P. 416 en Escalante Gonzalbo, Fernando. Ciudadanos Imaginarios. Colegio de México. México. 1993. P.13

[7] Humbolt, Alejandro. Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Editorial Pedro Robredo. México, D.F. 1941 Tomo II. P. 276